China defiende la Constituyente de Venezuela y pidió que no hayan injerencias

La economía venezolana se encuentra en una crisis profunda. La caída del precio del petróleo ha golpeado dramáticamente las finanzas del país sudamericano al mermar los ingresos del Estado. A este problema se suma la devaluación de su moneda y la falta de alimentos. Esta crisis, unida a la mayor inflación de mundo, ha provocado el descenso del nivel de vida de su población, algo que se ha traducido en una caída en la popularidad del mandatario Maduro. Ante este panorama sombrío, la oposición insiste en unas elecciones adelantadas como la mejor solución.

En enero de este año, la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora amenazó con truncar las decisiones tomadas por la fracción oficialista. Y a fines de marzo, los diputados contrarios a Maduro juramentaron a tres homólogos que habían sido acusados de fraude electoral por el chavismo. Esto produjo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el Gobierno, declarara a la Asamblea Nacional en desacato, y en los días subsecuentes, informó que asumiría las competencias del órgano.

La decisión tuvo un profundo impacto en la nación, y los líderes opositores vieron la medida como “un golpe de Estado” por parte del Poder Judicial. Pese a que la sentencia fue anulada días después, desde entonces se iniciaron una serie de protestas que se han multiplicado manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Este ha respondido con represión.

El pasado domingo 30 de julio se celebró una elección para escoger a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, que se encargará de redactar una nueva Constitución. El proceso en medio de protestas dejó 10 muertos, según la Fiscalía venezolana, y 14 según la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con lo que la cifra de fallecidos asciende a más de 120 desde que el 1 de abril se iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno.