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por France 24
·El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que llegó al poder en 2019 con la promesa de combatir la corrupción en España, enfrenta ahora una investigación por presunta trama de sobornos que involucra al número tres del partido, a un exministro y a un exasesor, según la Guardia Civil. Aunque la oposición no cuenta con los apoyos necesarios para una moción de censura, exige un adelanto electoral, mientras el presidente intenta acotar el impacto del escándalo como un problema interno del partido y no del Gobierno.
Todo cambió para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el pasado 12 de junio, en una jornada que pasará a la historia de la política española. Desde primera hora, antes de que empezara la sesión parlamentaria de ese jueves, ya circulaban titulares en los medios de comunicación sobre un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que implicaba al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán León, en una trama de corrupción perseguida desde hace un año.
El informe de la UCO no se conocía hasta entonces, por lo que los primeros socialistas en ser preguntados por el tema llamaban a la calma a las puertas del legislativo. Sin embargo, la filtración del documento comenzó a regarse por la prensa. Algunas cámaras captaron el momento en el que el propio Santos Cerdán, que minutos antes defendía su inocencia, leía las pruebas demoledoras de la UCO en su teléfono móvil durante la sesión parlamentaria.
Minutos después, salió del hemiciclo sin cruzar palabra ni mirada con nadie. Afuera, una turba de periodistas, cámaras y micrófonos lo engulló por unos segundos antes de que se subiera en un carro que, por última vez en calidad de diputado, lo sacó del Congreso.
Detalles del caso
Santos Cerdán habría gestionado 620.000 euros en coimas, según el informe de la UCO, lo que ha provocado que el viernes, 20 de junio, el juez del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo lo haya imputado por presuntos delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal, por los que deberá declarar el próximo 30 de junio. Además, el juez ordenó a la UCO investigar las cuentas de Cerdán.
Con la vinculación del exnúmero tres del PSOE, la trama de sobornos amplía el perímetro de contaminación del denominado ‘caso Koldo’, que estalló en febrero de 2024 con la Operación Delorme, en la que la Guardia Civil detuvo a Koldo García, su pareja y 18 personas más por amañar contratos públicos.
García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos (entre 2018 y 2021), intercedió a favor de empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr en la adjudicación de contratos del sector ferroviario, construcción de carreteras y compra de material sanitario durante la pandemia.
Ocho meses después de la Operación Delorme, el Tribunal Supremo impuso medidas cautelares contra Ábalos: le retuvo el pasaporte y lo obligó a comparecer quincenalmente.
El desarrollo de esta presunta trama de corrupción no hubiese sido tan televisiva, de no ser porque Koldo García grabó por años las conversaciones sostenidas presencial y telefónicamente con Ábalos y Santos Cerdán, que hoy son el reflejo de las cloacas del partido socialista.
Así, el país entero ha podido escuchar esta semana la propia voz de Santos Cerdán durante una supuesta triangulación con Ábalos y García. “Que le voy a dar 550.000 euros”, dice Cerdán a Koldo en referencia a un soborno que tendría para Ábalos.
Esta cadena de sucesos tiene noqueado al PSOE. El presidente, que hasta la implicación de Santos Cerdán había ofrecido argumentos que, con mayor o menor eficacia, lo habían mantenido al margen de los señalamientos por corrupción que permean su entorno, no tuvo más remedio que agachar la cabeza ante el peso de las pruebas en una comparecencia retransmitida por la televisión pública. “Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán”, dijo con rostro tenso y desencajado.
La legislatura progresista, al borde del abismo
El informe de la UCO ha emergido como la punta de un iceberg cuya profundidad aún se desconoce. La entidad ha ejecutado varios registros esta semana en búsqueda de más información de la trama. Este viernes irrumpió en la sede del PSOE en Madrid para clonar los correos de Ábalos y Cerdán, en una operación que se extendió al ministerio de Transporte y la gestora de la infraestructura ferroviaria (ADIF).
El martes, otros agentes habían hecho lo mismo en casa de Ábalos. El exministro intentó que una mujer, que lo acompañaba en el momento del registro, sacara un disco duro escondido entre su ropa, pero fue descubierta por un miembro de la OCU.
Así, la semana termina con varios discos duros y USB incautados por la Guardia Civil a la espera de un análisis que permita dimensionar los tentáculos del ‘caso Koldo’.
La implosión del PSOE por los audios revelados ha servido de combustible a la oposición para atizar otros señalamientos contra personas cercanas al presidente, como su esposa, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez.
El Partido Popular quiere traducir el informe de la UCO sobre el ‘caso Koldo’ en una validación de la totalidad de causas alrededor de Sánchez , aunque los entes investigadores han llegado a conclusiones muy diferentes en cada proceso.
La causa judicial abierta en abril de 2024 contra Begoña Gómez, la esposa del presidente, se centra en un presunto delito de tráfico de influencias asociado al rescate financiero que el Gobierno brindó a la aerolínea Air Europa durante la pandemia y otros contratos públicos que favorecieron al empresario Juan Carlos Barrabés.
Aunque la Fiscalía Europea aún investiga si hubo malversación de fondos comunitarios, la misma UCO que ha hundido a Cerdán no ha hallado indicios de delito y la Fiscalía de Madrid ha pedido archivar la causa contra Begoña Gómez por falta de pruebas.
Una decisión idéntica ha tomado la Fiscalía de Badajoz con respecto a la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente, por presunto tráfico de influencias y prevaricación, señalamientos que “se sustentan en conjeturas”, según el ente investigador.
Detrás de las denuncias contra Begoña Gómez o David Sánchez están las organizaciones reaccionarias Manos Limpias o la ultra católica Hazte Oír, afines a partidos como Vox —de la derecha más radical— y al Partido Popular. Estas entidades operan como denunciantes en causas judiciales contra personas cercanas al gobierno, tras una fachada de imparcialidad.
En este contexto, Sánchez se ha defendido al denunciar que estas organizaciones hacen un uso partidista de la justicia para intentar tumbar al Gobierno, lo que se conoce en el argot jurídico como lawfare.
No obstante, tras la evidencia del informe de la UCO en relación con Santos Cerdán, Sánchez ha cambiado el papel de calumniado por el de traicionado. “No debimos confiar en él”, afirmó en su comparecencia tras el escándalo.
Círculo vicioso
Sánchez llegó a la presidencia en 2019, tras liderar una moción de censura contra Mariano Rajoy, entonces líder del PP, acorralado por la trama de corrupción conocida como la Gürtel, en la que también se cambiaron contratos con el gobierno por comisiones ilegales. Entonces, el PSOE se presentó como el protagonista de una “regeneración democrática”, según repitió Sánchez más de seis veces durante la moción.
Aunque el nombre de Sánchez no ha aparecido en ningún documento o grabación del entramado, como ocurrió entonces con Rajoy, no deja de verse como una paradoja que la bandera anticorrupción que catapultó a Sánchez al Palacio de la Moncloa es la misma que hoy amenaza con expulsarlo.
Aun así, la moción de censura no es una opción factible para el PP. “No me faltan ganas, me faltan cuatro votos”, afirmó el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a Sánchez en la sesión parlamentaria de este miércoles. Feijóo ha optado entonces por estrechar el cerco moral contra Sánchez para que sea él quien convoque a elecciones, una posibilidad que el presidente descarta.
Una culminación abrupta de la legislatura dejaría varios proyectos de ley en el aire como el que busca la regularización de más de medio millón de migrantes o la reforma de la denominada ‘ley mordaza’.
Sin embargo, obstinarse en perpetuar una legislatura sin los apoyos suficientes para sacar adelante los proyectos en el Congreso solo sería alargar la agonía y estancar el avance institucional.
Sánchez ha intentado medir el respaldo entre sus socios de investidura con reuniones independientes, durante la semana posterior al escándalo de Cerdán. Aunque ningún socio de investidura ha garantizado su apoyo tras los primeros encuentros, tampoco se lo han retirado explícitamente.
Jordi Turull, diputado de Junts, el partido independentista catalán y uno de los socios que vende más caro su apoyo al Gobierno, ha manifestado este martes tras el encuentro con Sánchez que la confianza “está al límite”. La comunicación entre el PSOE y Junts, ya de por sí conflictiva, se ha resentido particularmente con la baja de Cerdán, quien era el interlocutor de los socialistas ante los catalanes. Cerdán era quien se reunían con Carles Puigdemont en Bruselas para negociar los apoyos a las iniciativas del Gobierno.
Entre tanto, los partidos situados ideológicamente a la izquierda del PSOE recuerdan que su apoyo no es incondicional y reclaman a Sánchez una respuesta más radical frente a la corrupción. No les basta con la auditoría externa a las cuentas del partido, ni con la reestructuración del partido anunciada por Sánchez.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, bancada del independentismo catalán progresista, ha pedido al presidente que “vaya contra las constructoras que corrompan, con inhabilitaciones de por vida y multas millonarias”, e incluso lo exhortó a apersonarse en la causa judicial contra los implicados en el ‘caso Koldo’, es decir, que adopte un rol de acusador en el juicio contra quienes fueron integrantes de su partido.
Seis años después de que una trama de corrupción tumbara al gobierno del PP en España, otra más hace temblar los cimientos del Ejecutivo del PSOE.
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