La tasa de sindicalización en Estados Unidos no deja de caer desde finales de la década de 1950. | Fuente: Foto: AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos dio el miércoles un duro golpe a los sindicatos de empleados del sector público, al considerar que los aportes gremiales obligatorios eran inconstitucionales.

La decisión, adoptada por 5 votos contra 4, representa una estocada letal para la capacidad de los sindicatos del sector público de obtener recursos.

Esta decisión de la máxima corte estadounidense fue saludada de inmediato en Twitter por el presidente Donald Trump, quien no escondió el impacto político de la determinación judicial. "¡Es una enorme pérdida para la caja de los demócratas!", celebró el mandatario.

Según algunas proyecciones, los sindicatos estadounidenses podrían lamentar la partida de miles de miembros tras la decisión de la corte. La tasa de sindicalización en Estados Unidos no deja de caer desde finales de la década de 1950, y el sector público es el último reducto de las federaciones de trabajadores.

El proceso había sido iniciado por Mark Janus, empleado del Departamento de Salud en Springfield, en el estado de Illinois, quien alegó que se opone a la contribución sindical compulsiva.

¿Un atropello a la Constitución?

Janus justificó su reclamo en que era forzado a aportar al sindicato aun cuando no es miembro del gremio. "Debo pagar una cotización sindical a un sindicato del que no soy miembro", alegó.

El problema tenía origen en otra decisión adoptada por la Corte Suprema hace más de 40 años, que justificaba el cobro de una contribución sindical ya que el gremio representaba a todos los trabajadores en las negociaciones colectivas.

Pero en la visión expresada por la mayoría del máximo tribunal estadounidense este miércoles, la deducción en los salarios de los costos de la negociación colectiva representa un atropello a la Constitución ya que los empleados no han consentido formalmente la quita.

Como el procedimiento no contempla formalidades de consentimiento, "esa práctica no puede continuar" porque atropella la Primera Enmienda de la Constitución, sobre libertad de palabra, afirmaron los jueces en la opinión de la mayoría.

AFP

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