Las manifestaciones que se viven en el país es por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que decretó el presidente Daniel Noboa.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este sábado un nuevo estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza por "grave conmoción interna", debido a las protestas indígenas por el alza del precio del diésel.
El mandatario aseguró que durante las "violentas manifestaciones" han sido agredidos policías y militares, "quienes incluso han sido secuestrados y vejados en su integridad".
Esta nueva declaración se realiza después de que la Corte Constitucional anulara el viernes el último estado de excepción en cinco de las siete provincias donde el presidente había decretado días atrás esta medida, frente a las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, por la decisión de Noboa de eliminar los subsidios al diésel, lo que provocó el incremento en el costo de este producto.
Los jueces solo declararon la constitucionalidad de la medida en las provincias de Carchi, fronteriza con Colombia; y en Imbabura, esta última considerada el epicentro de las manifestaciones.
Noboa señaló en su decreto que "se han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos a la protesta y resistencia, configurando una alteración grave del orden público que excede las capacidades de control mediante medidas ordinarias".
Por ello, suspendió en estas diez provincias el derecho a la libertad de reunión, que implica que durante las veinticuatro horas estará limitada la conformación de aglomeraciones en espacios públicos con el objeto de paralizar los servicios públicos.
Sí estarán permitidas las protestas pacíficas, siempre y cuanod no afecten "los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía".
El presidente también dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía hacia esas localidades, con la finalidad de "prevenir acontecimientos de violencia, proteger la vida e integridad física de la ciudadanía, así como el derecho a la libre circulación y desarrollo de actividades económicas".
Entre las justificaciones de Noboa para emitir esta medida, que estará vigente por 60 días, están unas recientes declaraciones del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, quien advirtió al jefe del Ejecutivo que las protestas podrían radicalizarse a tal punto de tomarse Quito, la capital, si "no hace caso" a las demandas del movimiento indígena.