García Luna: concluye en Nueva York el juicio que expone el poder corruptor del narcotráfico en México

Con los alegatos finales, el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna concluye este miércoles, casi cuatro semanas antes de lo previsto, en el que los doce miembros del jurado tendrán que determinar si es culpable o no de ayudar al cartel de Sinaloa, de Joaquín "Chapo" Guzman, a traficar cocaína.

A lo largo de un mes de juicio buena parte de los más de 20 testigos de la fiscalía que han desfilado por la Corte de Brooklyn han esbozado el poder corruptor del dinero de la droga desde la política a las fuerzas de seguridad, pasando por los funcionarios de aduanas y personal de puertos y aeropuertos.

En aquella época, el llamado "superpolicía" ya llevaba varios años monetizando su influencia con el "Chapo" Guzmán, según lo acusó el Departamento de Justicia estadounidense en 2020.

En el juicio también se ha apuntado hasta lo alto del estado. El exfiscal de Nayarit Edgar Veytia mencionó en la Corte de Brooklyn, que instruye el caso, el nombre del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), jefe de García Luna, quien habría dado órdenes de apoyar a la facción de Joaquín "Chapo" Guzmán -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos- para acabar con la guerra intestina entre los carteles. Calderón lo negó de plano en un tuit.

Jesús "Rey" Zambada, mano derecha de su hermano Ismael "Mayo" Zambada, que seguiría liderando el cartel de Sinaloa, según el primero, negó haber pagado 7 millones de dólares para la campaña presidencial de 2006 de Andrés Manuel López Obrador, a través de Gabriel Regino, entonces responsable de seguridad del Distrito Federal.

"No pude haberlo dicho porque no es verdad", zanjó Zambada, ante la insistencia del abogado defensor, que le preguntó por una confesión que habría hecho en 2013 a la justicia estadounidense luego de su extradición un año antes.

Pagos millonarios

Según varios testigos, García Luna, que rehusó declarar para defenderse en su propio juicio, habría recibido pagos millonarios de los cárteles a cambio de protección.

La justicia estadounidense acusa al que fuera "superpolicía" de convertirse a partir de 2001 en "miembro de la conspiración del cartel de Sinaloa".

Zambada aseguró haber pagado 5 millones de dólares al acusado; Sergio Villarreal Barragán "El Grande", otro protegido de la justicia estadounidense, dijo que su entonces jefe Arturo Beltrán Leyva le hacía igualmente pagos mensuales de al menos 1,5 millones de dólares directamente a García Luna o a través de su mano derecha Luis Cárdenas Palomino.

Óscar "Lobo" Valencia también le habría pagado más de 10 millones de dólares al que fuera el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado más de 340.000 muertos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales.

La defensa del acusado, dirigida por el abogado César de Castro, ha tratado a lo largo del juicio de quitar credibilidad a unos testigos que a menudo han caído en contradicciones y que, sobre todo, pese a su historial crimina,l se han beneficiado de fuertes reducciones de pena en Estados Unidos a cambio de colaborar con la justicia.

García Luna está acusado de cinco cargos: participación en empresa criminal continua; conspiración de distribución internacional de cocaína; conspiración de distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína y falsedad en una declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en 2018. Podría ser condenado a entre diez años y cadena perpetua.

Su destino está en manos de 12 jueces que a partir de este miércoles se retirarán para deliberar, siguiendo unas pautas pactadas por el juez instructor Brian Cogan, la fiscalía y la defensa.

Tendrán que determinar si este ingeniero mecánico de 54 años, que se trasladó en 2012 a vivir a Estados Unidos en busca de tranquilidad y seguridad, como aseguró su esposa Cristina Pereyra al tribunal la víspera, es culpable o no culpable.

El gobierno de México, que ha pedido a Estados Unidos su extradición, también reclama 700 millones de dólares presuntamente malversados por el exsecretario, acusado de supervisar la detención en diciembre de 2005 de la francesa Florence Cassez y de su exnovio Israel Vallarta, una operación denunciada como un montaje. (Con información de AFP)