El Poder Judicial de Venezuela le dio al Defensor del Pueblo labores de fiscal

El Tribunal Supremo de Venezuela emitió una sentencia difundida este miércoles que señala que le da al defensor del pueblo, Tarek William Saab, acceso a todos los actos de investigación que cursen en el Ministerio Público, permiso para solicitar la realización de análisis forenses, entre otras atribuciones de fiscal. La decisión se da luego de que el presidente Nicolás Maduro cuestionó a la fiscal general, Luisa Ortega, por haber presentado recursos contra iniciativas del chavismo como la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Carta Magna.

Según el fallo, la Defensoría del Pueblo "puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación como: realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras". También se señala que la Defensoría tiene podrá estar presente de manera autónoma "en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar, incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio.

Poderes de fiscal. El defensor tendrá “amplia competencia constitucional para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos" y "en el ejercicio legítimo del mismo, está facultado para iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas". Todo esto "cuando se trate de la violación a los derechos humanos y de esta derive la comisión de un hecho punible", aunque se aclara que esta tarea se cumple "sin que ello menoscabe el marco de actuación del Ministerio Público".

La decisión se produce dos semanas después de que Saab solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclarar las competencias del organismo que dirige para participar en las investigaciones de la Fiscalía por casos de supuestas violaciones de derechos humanos. Para él, es una "cualidad inherente" de la Defensoría "investigar las violaciones de derechos humanos" y ha habido "una interpretación libre" de la Constitución de parte de la Fiscalía que, en ocasiones, ha impedido la participación de la institución.