Por qué el gobierno de Maduro busca destituir a la fiscal de Venezuela

La fiscal general de Venezuela, convertida en la principal figura de confrontación para Nicolás Maduro, está al borde de su destitución y de ser enjuiciada en un proceso iniciado en el Tribunal Supremo tras rebelarse a los planes del oficialismo. Tras casi 10 años como aliada del chavismo, Luisa Ortega Díaz es hoy la funcionaria de más alto rango que se ha opuesto a Asamblea Constituyente propuesta por el oficialismo en medio de una ola de protestas que ya lleva más de tres meses.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebró este martes la audiencia oral para evaluar la solicitud de "antejuicio de mérito" y determinar si existen elementos para enjuiciar y separar a Ortega. El diputado chavista Pedro Carreño la acusó de haber incurrido en una "falta grave" en el desempeño de su cargo. Esto serviría para removerla y reemplazarla por una funcionaria más cercana a la línea del Gobierno.

Acusaciones. Los señalamientos contra la fiscal, que se negó a presentarse a la audiencia, son de carácter "ético y moral", por impugnar la designación de una treintena de magistrados que componen el máximo tribunal, el mismo que hoy debe juzgarle, por supuestas irregularidades en su elección.  Carreño acusó a Ortega de "ponerse en antagonismo con el Poder Judicial" y "con el Poder Ejecutivo", después de que la funcionaria recriminara al Supremo haber roto "el hilo constitucional" y acusara al Gobierno de practicar "terrorismo de Estado".

El fundamento de la acusación chavista contra su nueva enemiga se sustenta en que esos magistrados fueron elegidos en un proceso que contó con el aval del Ministerio Público, y que ahora Ortega niega, por lo que se le acusa de mentir. El presidente del Tribunal Supremo, el magistrado Maikel Moreno, informó que la decisión sobre el proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general será anunciada en un plazo de cinco días.

Reemplazo designado. En simultáneo, el Supremo, destituyó al actual vicefiscal, Rafael González, y designando en su lugar a Katherine Harrington, exviceministra del Gobierno de Maduro. Esto allana el camino para la salida de Ortega y su reemplazo por una magistrada cercana al chavismo. El Parlamento, controlado por opositores pero cuyos actos son considerados nulos por el resto de poderes del Estado, ratificó a González, lo que dejó un escenario con dos vicefiscales.

Ortega no asistió a la audiencia en el Tribunal Supremo por considerar que el proceso en su contra busca anular a la Fiscalía. "Esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso, por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia", dijo ante la prensa desde la sede del Ministerio Pública. Según ella, este proceso deja abierto el camino abierto para "aniquilar por vías violentas el descontento popular”.

Cambio de vereda. En Venezuela, la mayoría de las autoridades del Estado han sido designadas por el oficialismo, entre ellas Ortega, que hasta hace tres meses era considerada como una aliada del chavismo y ahora encabeza la mayor corriente contra el Gobierno. Sin embargo, tras el llamado “autogolpe” con el que el Poder Judicial el quitó los poderes al Parlamento, Ortega denunció la ruptura del orden constitucional y comenzó a criticar al Gobierno por la violenta represión a las protestas.

La separación entre Gobierno y Fiscalía creció con la iniciativa de la Asamblea Consituyente, que para la oposición sería un método de consolidar la dictadura de Maduro. Ortega defendió la Constitución vigente y tras imponer recursos judiciales contra este, acusó al régimen de Nicolás Maduro de cometer terrorismo de Estado y de intentar dar un golpe.