Auditoría realizada por la Contraloría General de la República arroja que cerca de medio millón de alfabetizados pueden volver a ser iletrados.
Cerca de medio millón de alfabetizados por el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (Pronama) del Ministerio de Educación se encuentran en riesgo de olvidar lo aprendido, es decir, de volver a ser iletrados porque no concluyeron el proceso de aprendizaje previsto, de acuerdo a los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
El programa contempla dos etapas, una de alfabetización y otra de continuidad educativa que tenía como objetivo evitar que estas personas pierdan los conocimientos adquiridos. Sin embargo, esta última no llegó a implementarse en su totalidad, debido al alto nivel de abandono y deserción de los participantes.
Durante la acción de control se determinó que en el periodo 2006-2008, culminó la primera etapa de alfabetización a 836 mil 539 personas mayores de 15 años en todo el país. Durante ocho meses aprendieron a leer, escribir y realizar cálculos matemáticos.
Al año siguiente, en el 2009, la meta del programa era que al menos el 80% de ellos, es decir 672 mil 472 alfabetizados pasen a la segunda etapa de consolidación de conocimiento, pero sólo 246 mil se inscribieron y de ellos apenas 25 mil 319 concluyó el proceso satisfactoriamente.
De acuerdo a estas cifras, la Contraloría ha determinado que los 425 mil 521 participantes que no fueron atendidos en el proceso de continuidad educativa corren el riesgo de olvidar lo aprendido, es decir, de retornar a su condición de iletrados.
El incumplimiento de la meta y de los objetivos del programa pone en riesgo el proceso de alfabetización y los 62 millones 232 mil 446 que fueron invertidos para este fin.
Los hallazgos señalan que el alto índice de deserción se debió a que solo se realizó el 4.4% de las 24,247 labores de supervisión y monitoreo previstas a los círculos de continuidad educativa en el 2009.
Además, el retraso en la entrega de los materiales educativos y el pago a los promotores, también fueron factores que contribuyeron a esa situación.
La Contraloría General identificó responsabilidad administrativa en 12 funcionarios y servidores del programa al no haber cumplido con diligencia sus funciones. Asimismo, recomendó al Ministerio de Educación fortalecer el monitoreo y la supervisión del programa e implementar documentos de gestión que permitan medir el impacto del programa y el cumplimiento de metas, en el marco de la gestión del presupuesto por resultados.
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