Lima es hoy la primera ciudad quechua-hablante del Perú y ha sido el destino de sucesivas migraciones. Que desde varios regiones vengan hoy compatriotas a marchar es un derecho constitucional, que debe ser ejercido en el marco de la ley y del respeto a los derechos de los demás.
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Nuestra capital conmemora hoy el 488 aniversario de su fundación española. Francisco Pizarro escogió el único valle de la costa con tres ríos para que sirviera de sede del nuevo régimen político surgido de la conquista. En la ceremonia de fundación participó al último cacique de Lima, Taulichusco, quien desde 1983 cuenta con un monumento en la Plaza de Armas. En los últimos años han progresado los estudios sobre la larga historia que precedió a la llegada de los españoles a Lima, en particular sobre la cultura Ichma y la manera como se desenvolvió en un espacio en el que mil años antes de su auge se había construido el santuario de Pachacamac, el más importante de toda la costa. Tres siglos después de la fundación española de Lima, se eligió el primer congreso de nuestra historia republicana, los representantes de la capital eran una pequeña minoría, largamente superada por circunscripciones de la sierra. Ha sido largo y lleno de altibajos el camino hacia el reconocimiento y la valoración de nuestra diversidad. Lima es hoy la primera ciudad quechua-hablante del Perú y ha sido el destino de sucesivas migraciones desde todos los rincones de nuestro país. Que desde varios regiones vengan hoy compatriotas para manifestar en nuestra capital es un derecho constitucional, que debe ser ejercido en el marco de la ley y del respeto a los derechos de los demás. Esperemos que la marcha convocada para hoy marque un punto de inflexión, es decir de renuncia a la violencia y de disposición al diálogo con las autoridades. Es, desde luego, una mala señal que anoche se hayan producido violencias contra periodistas, como nuestra compañera Hellen Meniz y su camarógrafo, mientras hacían su trabajo en la Plaza San Martín. Los responsables de la marcha, anónimos o no, deben dar garantías de respeto a la integridad de las personas y al ejercicio de la libertad de prensa.
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