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Caso Saweto: viudas de los líderes indígenas asesinados en 2014 "han encontrado una justicia tardía", dice abogado

Caso Saweto: viudas de los líderes indígenas asesinados en 2014
Caso Saweto: viudas de los líderes indígenas asesinados en 2014 "han encontrado una justicia tardía", dice abogado

El Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali sentenció a 28 años y 3 meses de cárcel a los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas ocurrido en septiembre del 2014 en la comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto.

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El 1 de septiembre del 2014, Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, líderes de la comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto (Ucayali) fueron asesinados por denunciar durante años la tala ilegal. Tras más de 8 años, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali sentenció a 28 años y 3 meses de cárcel a los responsables de dicho crimen. "Ayer (27 de febrero) se ha dictado sentencia a las 4:00 p.m., ha apelado el fiscal porque inicialmente solicitó una pena de 35 años y no ha estado conforme. Está apelando también la defensa técnica de los condenados y esta sentencia en primera instancia debe resolverla la Sala Penal Superior de Ucayali", explicó Óscar Romero, abogado de las víctimas.

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"Ayer, después de 8 años, 5 meses y 27 días, (las familias) han encontrado una justicia tardía, pero finalmente correcta", sostuvo el abogado Óscar Romero, quien denunció además que las viudas e hijos de los líderes indígenas asesinados vienen recibiendo amenazas de muerte.
Por otra parte, advirtió que la tala ilegal y deforestación ha empeorado en los últimos años en Ucayali pese a las denuncias de los defensores ambientales. "Entre el 2001 y 2022 se ha deforestado más de 2 millones 700 mil hectáreas de bosques. En el 2020 que sucedió el tema de la pandemia aumentó en Ucayali a 27%", dijo Romero.

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Abandono del Estado: En entrevista con RPP Noticias, Julia Pérez Gonzáles, viuda del activista medioambiental Edwin Chota, recordó que su esposo tuvo que ir hasta Brasil para elevar sus denuncias, ya que el Estado peruano no le hacía caso. "Él venía a Lima pidiendo apoyo, justicia y seguridad -porque ya tenía amenazas (de muerte) desde muy antes- y nadie le hacía caso (...) Él denunció a la Policía de Pucallpa, a la Fiscalía y tampoco le hacían caso", contó.

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