Mientras funcionarios y empresarios sientan que la Justicia se inhibe en casos que conciernen a poderosos, seguirán existiendo las coimas que luego repercuten en el pago de sobrecostos.
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Si algo hemos debido aprender del paso de Pedro Castillo por el poder es que en materia de lucha contra la corrupción no pueden caber dudas ni ambigüedades. Con todas sus deficiencias y lentitudes, la Fiscalía ha hecho avances que nos permiten abrigar la esperanza de que la justicia prevalezca sobre la codicia y el aprovechamiento del Estado.
La corrupción es una práctica antigua y generalizada, cuyo principal aliciente es la impunidad. Mientras funcionarios y empresarios sientan que la Justicia se inhibe en casos que conciernen a poderosos, seguirán existiendo las coimas que luego repercuten en el pago de sobrecostos. Ese círculo vicioso es tanto más grave que nuestro país necesita masivas inversiones en infraestructura.
Por eso es muy negativa la ley votada por el Congreso, que limita el tiempo para generar acuerdos de colaboración eficaz con delincuentes que se acojan a recibir beneficios penales contra informaciones que hagan avanzar las investigaciones. La Procuradora para los casos de la trama Lava Jato, Silvana Carrión, calcula que no menos de 52 procesos pueden fracasar, si entrara en vigencia la norma que da un plazo máximo de ocho meses para que la Fiscalía firme los acuerdos.
Sabemos perfectamente que ese plazo es insuficiente cuando se tiene que contar con la colaboración de otros países, como es el caso de Brasil para los juicios de Lava Jato. Por eso tiene razón el Procurador General Daniel Sora cuando solicita al gobierno que observe la ley. Esperemos que el Consejo de ministros la analice hoy mismo y de esa manera pueda honrar su compromiso con los ciudadanos, pero también con organizaciones internacionales como la OCDE, para la cual la lucha contra la corrupción es la base de la buena gobernanza.
Las cosas como son
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