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Defensoría del Pueblo: “No corresponde a la PNP ni a las FF.AA. resolver los conflictos que vienen aconteciendo”

Un herido por los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía es trasladado para ser atendido en Juliaca (Perú).
Un herido por los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía es trasladado para ser atendido en Juliaca (Perú). | Fuente: EFE

En medio de las protestas sociales ocurridas hoy en la región Puno, y que dejan al menos 12 muertos y 36 heridos, la Defensoría del Pueblo señaló que es deber del Gobierno central y del Congreso de la República "encontrar una salida realista y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país".

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La Defensoría del Pueblo lamentó la muerte de al menos 12 personas durante las protestas sociales ocurridas este lunes en los exteriores del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, en la región Puno.

“Reiteramos que no corresponde a la PNP ni a las FF.AA. resolver los conflictos que vienen aconteciendo. Es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida realista y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país”, indicó en un comunicado.

Invocación a la Fiscalía

El organismo público señaló que el Ministerio Público, en su calidad de titular de la acción penal, debe realizar las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de la pérdida de vidas humanas, afectaciones a la integridad personal y atentados contra la propiedad, a fin de evitar toda forma de impunidad.

“Solicitamos al Estado que, en cumplimiento al deber de garantizar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas, disponga las medidas necesarias para atender a las y los familiares de las personas fallecidas, así como a las personas heridas de gravedad, sean civiles, policiales o militares”, expresó.

La Defensoría del Pueblo recordó que el derecho a la protesta es un derecho fundamental que debe ser ejercido de manera pacífica, sin afectar los derechos de otros ciudadanos, por lo que invocó a la población a no realizar hechos de violencia respetando las disposiciones que la autoridad pública establezca en el marco de sus competencias.

“La toma de aeropuertos, la agresión a otras personas -incluidas las fuerzas de orden-, impedir el desplazamiento de ambulancias y toda forma de atentado contra la propiedad pública o privada constituyen graves delitos que no forman parte del derecho a la protesta”, añadió.

En un comunicado, la Red de Salud San Román detalló que el Hospital Carlos Monge Medrano también viene atendiendo a 36 heridos a raíz de las manifestaciones sociales en Juliaca.


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