De todos ellos, 126 casos se deben a problemas derivados de la defensa del medio ambiente que realizan poblaciones en varias regiones peruanas.
Un total de 169 conflictos sociales se encuentran activos en Perú, la mayoría debido a problemas socioambientales, informó este viernes la Defensoría del Pueblo.
Al finalizar junio Perú registraba un total de 250 conflictos en diversas partes del país, precisó la Defensoría al subrayar que 169 de ellos siguen activos, de los cuales 81 se hallan en estado latente.
De todos ellos, 126 casos se deben a problemas derivados de la defensa del medio ambiente que realizan poblaciones en varias regiones peruanas.
También hay otros ocasionados por pleitos regionales y de índole laboral.
Ante ese clima, la Defensoría exhortó a los actores sociales y autoridades gubernamentales a encontrar mecanismos de información y diálogo ante protestas anunciadas para los próximos días.
Cinco regiones del sur del país han programado una paralización de carácter indefinido para exigir al gobierno la no exportación del gas del yacimiento de Camisea (sudeste), el más importante del país, lo que pondría -según denuncian- en grave riesgo el abastecimiento del hicrobarburo al mercado interno.
La Defensoría señala también que las comunidades indígenas amazónicas demandan al gobierno que promulgue una ley aprobada en mayo.
Dicha ley consagra la consulta previa a esas comunidades cuando se trata de temas que les conciernen, como el ingreso de empresas privadas a sus tierras para explotación minera, forestal o de hidrocarburos.
Sin embargo, el presidente Alan García planteó observaciones a esa norma y la devolvió en junio al Congreso para que sea modificada.
AFP
Al finalizar junio Perú registraba un total de 250 conflictos en diversas partes del país, precisó la Defensoría al subrayar que 169 de ellos siguen activos, de los cuales 81 se hallan en estado latente.
De todos ellos, 126 casos se deben a problemas derivados de la defensa del medio ambiente que realizan poblaciones en varias regiones peruanas.
También hay otros ocasionados por pleitos regionales y de índole laboral.
Ante ese clima, la Defensoría exhortó a los actores sociales y autoridades gubernamentales a encontrar mecanismos de información y diálogo ante protestas anunciadas para los próximos días.
Cinco regiones del sur del país han programado una paralización de carácter indefinido para exigir al gobierno la no exportación del gas del yacimiento de Camisea (sudeste), el más importante del país, lo que pondría -según denuncian- en grave riesgo el abastecimiento del hicrobarburo al mercado interno.
La Defensoría señala también que las comunidades indígenas amazónicas demandan al gobierno que promulgue una ley aprobada en mayo.
Dicha ley consagra la consulta previa a esas comunidades cuando se trata de temas que les conciernen, como el ingreso de empresas privadas a sus tierras para explotación minera, forestal o de hidrocarburos.
Sin embargo, el presidente Alan García planteó observaciones a esa norma y la devolvió en junio al Congreso para que sea modificada.
AFP