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por Redacción RPP
·Casos de violación sexual, esclavitud sexual, embarazo, aborto forzado, o prostitución en época del terrorismo están en el olvido, denuncia el Consejo de Reparaciones (CR).
La justicia peruana solo ha abierto un juicio por los casos de violación sexual cometidos por militares durante los años del combate al terrorismo (1980-2000), aunque existen casi 5.000 víctimas por ese delito, informaron hoy fuentes oficiales en Lima.
El Consejo de Reparaciones (CR), creado por el Estado peruano para indemnizar y reparar a las víctimas del terrorismo, recibió los testimonios de 4.949 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violación sexual durante esa época, según un registro del CR realizado hasta agosto de este año y del que hoy informó la abogada Diana Portal, de la organización Demus.
De esa cantidad de denuncias, solo 532 fueron certificadas por el Consejo, al cabo de un proceso de comprobación legal, como víctimas de violación sexual u otro tipo de violencia como esclavitud sexual, embarazo o aborto forzado, prostitución o esterilización forzadas, agregó la letrada.
"El cuerpo de la mujer se convirtió en campo de batalla, trofeo de guerra, en un medio para vencer al enemigo", declaró la abogada, cuya institución representa a una de esas víctimas.
En víspera del Día internacional de la no violencia contra la mujer (el próximo 25 de noviembre), se celebró hoy en Lima una acto en que víctimas de violencia sexual ofrecieron su testimonio.
Las declaraciones fueron, en su mayoría, entregados también a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó la violencia terrorista y entregó un informe sobre ese flagelo en 2003 y que concluyó en la recomendación de llevar a los tribunales solo 47 casos de atropellos a los derechos humanos, debido a la dificultad en recopilar pruebas.
La CVR también señaló en su informe que el 83 por ciento de las violaciones sexuales fueron cometidas por agentes del Estado (militares y policías), mientras que un 11 por ciento correspondieron a los grupos subversivos (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA).
Sin embargo, hasta la actualidad, solo ocho casos de violación sexual, en ese contexto histórico, han sido denunciados ante el Poder Judicial, y de ellos solo uno tiene un avance efectivo en los tribunales, aclaró Portal en una rueda de prensa.
Ese único caso emblemático es el de las violaciones sexuales cometidas en la región de Huancavelica, la más pobre del país, por efectivos de las bases militares de Manta y Vilca, según los testimonios de siete víctimas presentadas en el proceso.
Portal explicó que en esas bases militares se han denunciado un número indeterminado de abusos sexuales.
Diana Portal, que integra la Mesa de Trabajo de Violencia Sexual en Conflicto Armado, afirmó que "la violencia sexual fue usada en mayor medida por agentes estatales, no sólo como una forma de apropiación sexual sobre las mujeres, sino también como un método para obtener información o autoinculpaciones".
Por su parte, las mujeres víctimas, en su mayoría campesinas quechuahablantes, recibieron amenazas contra su vida y las de su familia porque los agresores, en ese momento, eran autoridades político-militares, subrayó la letrada.
La CVR recomendó en 2003 reparar económicamente a las víctimas, pero el Estado peruano dejó este año sin presupuesto al Consejo de Reparaciones.
El ministerio de Defensa ha sido acusado por estas organizaciones de obstaculizar las denuncias contra los militares implicados porque afirma que no tiene registros del personal desplazado a esos lugares en la época del terrorismo. EFE
El Consejo de Reparaciones (CR), creado por el Estado peruano para indemnizar y reparar a las víctimas del terrorismo, recibió los testimonios de 4.949 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violación sexual durante esa época, según un registro del CR realizado hasta agosto de este año y del que hoy informó la abogada Diana Portal, de la organización Demus.
De esa cantidad de denuncias, solo 532 fueron certificadas por el Consejo, al cabo de un proceso de comprobación legal, como víctimas de violación sexual u otro tipo de violencia como esclavitud sexual, embarazo o aborto forzado, prostitución o esterilización forzadas, agregó la letrada.
"El cuerpo de la mujer se convirtió en campo de batalla, trofeo de guerra, en un medio para vencer al enemigo", declaró la abogada, cuya institución representa a una de esas víctimas.
En víspera del Día internacional de la no violencia contra la mujer (el próximo 25 de noviembre), se celebró hoy en Lima una acto en que víctimas de violencia sexual ofrecieron su testimonio.
Las declaraciones fueron, en su mayoría, entregados también a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó la violencia terrorista y entregó un informe sobre ese flagelo en 2003 y que concluyó en la recomendación de llevar a los tribunales solo 47 casos de atropellos a los derechos humanos, debido a la dificultad en recopilar pruebas.
La CVR también señaló en su informe que el 83 por ciento de las violaciones sexuales fueron cometidas por agentes del Estado (militares y policías), mientras que un 11 por ciento correspondieron a los grupos subversivos (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA).
Sin embargo, hasta la actualidad, solo ocho casos de violación sexual, en ese contexto histórico, han sido denunciados ante el Poder Judicial, y de ellos solo uno tiene un avance efectivo en los tribunales, aclaró Portal en una rueda de prensa.
Ese único caso emblemático es el de las violaciones sexuales cometidas en la región de Huancavelica, la más pobre del país, por efectivos de las bases militares de Manta y Vilca, según los testimonios de siete víctimas presentadas en el proceso.
Portal explicó que en esas bases militares se han denunciado un número indeterminado de abusos sexuales.
Diana Portal, que integra la Mesa de Trabajo de Violencia Sexual en Conflicto Armado, afirmó que "la violencia sexual fue usada en mayor medida por agentes estatales, no sólo como una forma de apropiación sexual sobre las mujeres, sino también como un método para obtener información o autoinculpaciones".
Por su parte, las mujeres víctimas, en su mayoría campesinas quechuahablantes, recibieron amenazas contra su vida y las de su familia porque los agresores, en ese momento, eran autoridades político-militares, subrayó la letrada.
La CVR recomendó en 2003 reparar económicamente a las víctimas, pero el Estado peruano dejó este año sin presupuesto al Consejo de Reparaciones.
El ministerio de Defensa ha sido acusado por estas organizaciones de obstaculizar las denuncias contra los militares implicados porque afirma que no tiene registros del personal desplazado a esos lugares en la época del terrorismo. EFE
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