En 53.000 hectáreas se producen 110.000 toneladas de la hoja anualmente, siendo el sustento de unas 50.000 familias, según Rómulo Pizarro.
Los cultivos alternativos a la hoja de coca están ya manteniendo a 23.000 familias en todo el país, que trabajan 68.000 hectáreas dedicadas sobre todo al café, el cacao y la palma, según cifras divulgadas por el Gobierno.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) presentó en Tarapoto los resultados de esta política de sustitución de cultivos, que según su presidente, Rómulo Pizarro, se basa en una lógica "empresarial y no asistencialista", en contraposición al pasado.
El modelo que promueve el Estado es asociar a los agricultores en cooperativas, de las que ya existen 13 en todo el país y principalmente en la región de San Martín, razón por la que se llama "modelo San Martín".
Este departamento, donde se ubica Tarapoto, era considerado tierra sin ley en los años ochenta, cuando existían 16.000 hectáreas dedicadas a la coca, materia prima usada para fabricar cocaína, pero hoy quedan solo 700 en toda la región.
La política de sustitución, que cuenta con la asistencia de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), ha reportado a las 13 cooperativas beneficios de 92 millones de dólares el pasado año, detalló Flavio Mirella, representante en Perú y Ecuador de esa entidad de Naciones Unidas.
Tanto Pizarro como Mirella insistieron en el atractivo que para el campesino presenta esta nueva política: cada vez genera más beneficios y el año pasado los agricultores asociados aumentaron en más de un 50 por ciento, mientras crecen las listas de espera de nuevos socios.
Mirella detalló que las nuevas cooperativas permiten crecer a la economía familiar, generan mayor valor añadido, son más sanas ecológicamente y ayudan a formalizar al campesinado, pues el Gobierno promueve la titulación de tierras ex cocaleras y el seguro médico agrario entre sus agricultores.
Pese a todos los esfuerzos emprendidos por el Gobierno peruano, la realidad aún es tozuda y los cultivos de hoja de coca todavía ocupaban 53.000 hectáreas en Perú en 2008, un 4% más que el año anterior, según cifras de la ONU.
En la vecina Bolivia han crecido un 5% en el mismo periodo y en Colombia un 27%.
Esas hectáreas, que producen 110.000 toneladas de la hoja anualmente, son el sustento de unas 50.000 familias y ahora se extienden en zonas tradicionalmente no cocaleras, según Pizarro.
En 2007 toda esa producción de coca se transformó en 290 toneladas de cocaína procesada, un producto que en su tramo final se calcula que generó beneficios de 21.000 millones de dólares, según cifras de la ONU que maneja el Gobierno peruano.
Pizarro explicó que el modelo peruano de sustitución de cultivos es aplicable en el exterior y repitió su tradicional queja de que los europeos apenas están ayudando a Perú en esta política, pese a que son destino del 70% de la cocaína procesada en el país.
"No es un problema solo de Perú, sino mundial, y por ello la responsabilidad es compartida: ayudarnos en esta política en realidad es proteger a la juventud europea", aseveró Pizarro. EFE
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) presentó en Tarapoto los resultados de esta política de sustitución de cultivos, que según su presidente, Rómulo Pizarro, se basa en una lógica "empresarial y no asistencialista", en contraposición al pasado.
El modelo que promueve el Estado es asociar a los agricultores en cooperativas, de las que ya existen 13 en todo el país y principalmente en la región de San Martín, razón por la que se llama "modelo San Martín".
Este departamento, donde se ubica Tarapoto, era considerado tierra sin ley en los años ochenta, cuando existían 16.000 hectáreas dedicadas a la coca, materia prima usada para fabricar cocaína, pero hoy quedan solo 700 en toda la región.
La política de sustitución, que cuenta con la asistencia de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), ha reportado a las 13 cooperativas beneficios de 92 millones de dólares el pasado año, detalló Flavio Mirella, representante en Perú y Ecuador de esa entidad de Naciones Unidas.
Tanto Pizarro como Mirella insistieron en el atractivo que para el campesino presenta esta nueva política: cada vez genera más beneficios y el año pasado los agricultores asociados aumentaron en más de un 50 por ciento, mientras crecen las listas de espera de nuevos socios.
Mirella detalló que las nuevas cooperativas permiten crecer a la economía familiar, generan mayor valor añadido, son más sanas ecológicamente y ayudan a formalizar al campesinado, pues el Gobierno promueve la titulación de tierras ex cocaleras y el seguro médico agrario entre sus agricultores.
Pese a todos los esfuerzos emprendidos por el Gobierno peruano, la realidad aún es tozuda y los cultivos de hoja de coca todavía ocupaban 53.000 hectáreas en Perú en 2008, un 4% más que el año anterior, según cifras de la ONU.
En la vecina Bolivia han crecido un 5% en el mismo periodo y en Colombia un 27%.
Esas hectáreas, que producen 110.000 toneladas de la hoja anualmente, son el sustento de unas 50.000 familias y ahora se extienden en zonas tradicionalmente no cocaleras, según Pizarro.
En 2007 toda esa producción de coca se transformó en 290 toneladas de cocaína procesada, un producto que en su tramo final se calcula que generó beneficios de 21.000 millones de dólares, según cifras de la ONU que maneja el Gobierno peruano.
Pizarro explicó que el modelo peruano de sustitución de cultivos es aplicable en el exterior y repitió su tradicional queja de que los europeos apenas están ayudando a Perú en esta política, pese a que son destino del 70% de la cocaína procesada en el país.
"No es un problema solo de Perú, sino mundial, y por ello la responsabilidad es compartida: ayudarnos en esta política en realidad es proteger a la juventud europea", aseveró Pizarro. EFE
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