Sus establecimientos fueron cerrados en un operativo realizado por Osinergmin, las Fuerzas Armadas, policía y fiscalía como parte del plan de lucha contra el narcotráfico.
Los propietarios de grifos ilegales del VRAE, así como representantes de la sociedad civil y autoridades de algunos sectores piden al Ministerio de Energía y Minas una prórroga de dos años para formalizar sus establecimientos.
Así lo expresaron a través de RPP Noticias, tras el cierre de 65 grifos durante los días 5 y 12 de octubre, que según ellos, ha generado un caos social porque el galón de combustible que antes costaba 15 soles ahora está 25 soles.
“Esa no es la manera de controlar el narcotráfico”, refirió Marlon Chui, presidente de la Asociación de Grifos del VRAE, al informar que ahora solo están atendiendo tres grifos formales que a la vez tienen otros locales informales.
En tanto, Wilber Paredes, vicepresidente de la misma organización, indicó que el VRAE es inmenso. “Estamos hablando de 24 mil kilómetros cuadrados con 220 mil habitantes; por lo tanto, el poco combustible de los tres grifos no llega ni al 30% del consumo del VRAE”, manifestó.
Asimismo, el alcalde del centro poblado Esmeralda del río Ene (Cusco), Maximiliano Barrientos, detalló que tiene 45 mil habitantes con más de 160 comunidades nativas y colonas que se han visto afectadas porque en la zona no hay grifos, por lo que compran en el vecino distrito de Pichari en los informales.
“El incremento del precio del galón de combustible preocupa a la población y si se quiere controlar su venta para la elaboración de la droga, para eso cada institución tiene una responsabilidad como por ejemplo la policía, pero no se debe perjudicar a la población”, expresó.
Además, el representante de la sociedad civil del distrito de Ayna San Francisco (Ayacucho), José Villanueva, culpó al Estado de esta situación y pidió la prórroga de dos años para que los propietarios de los grifos ilegales se formalicen.
“Qué hacemos nosotros ante un Estado ineficiente que nos les permite legalizarse a estos señores, porque para otorgarles la licencia se demoran dos, tres hasta cuatro años, por eso, esa negligencia hace que todos se vuelvan informales. Queremos una salida correcta a este problema sin que se perjudique a la población”, exclamó.
A su turno, Carlos Bendezú del distrito de Llochegua (Ayacucho), indicó que en su zona las obras se han paralizado porque los grifos están cerrados. “Nosotros pedimos que el ministro nos de una prórroga porque los grifos que ahora son formales, antes también fueron informales. Estamos perjudicados porque no tenemos fluido eléctrico y necesitamos combustible para contar con iluminación”, subrayó.
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