El Ministerio Público dispuso el envío de 25 fiscales de prevención del delito a la provincia cusqueña de Espinar para reforzar la labor de denunciar posibles actos vandálicos que se produzcan en esa zona, anunció hoy el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales.
Peláez deploró las acciones violentas por parte de un grupo de manifestantes en Espinar, dejando dos personas muertas y varios heridos, entre ellos más de 70 policías.
Indicó que el grupo de fiscales de prevención del delito y contra los delitos comunes, ya viajó a la zona y que actuará con toda energía ante las acciones vandálicas.
“Vamos actuar con toda severidad. Cuando se comprueben actos que violen o quebranten la paz, el Ministerio Público actúa con total energía y drasticidad”, aseveró Peláez Bardales
Informó que desde hace dos días los representantes del Ministerio Público vienen realizando las investigaciones contra las personas que participaron en estas acciones, y que están respaldadas con video y fotografías.
Sostuvo que estas pruebas han sido remitidas al juez de la zona y ya se ordenó la detención de 14 dirigentes del frente de defensa del Cusco.
Destacó igualmente la actuación de los fiscales en abrir una inmediata investigación y permitió la captura de un grupo de empleados de la municipalidad de Espinar que transportaban en una camioneta material explosivo y armas punzo cortantes.
“Los detenidos han sido trasladados al Cusco y ahí ya se ha iniciado una investigación preparatoria con conocimiento del juez”, explicó.
De otro lado, Peláez informó que un gran número de fiscales han sido desplegados a las provincias cajamarquinas de Bambamarca, San Carlos, en Celendín, y también en los alrededores de la laguna de Conga, para prevenir actos de violencia.
“Nadie puede prohibir que haya manifestaciones o protestas legales, pacíficas, pero lo que no se puede permitir es que estas se conviertan en actos violentos que hagan daño a la propiedad, que alteren la paz y la tranquilidad de la ciudadanía”, apuntó.
Informó, asimismo, que la Fiscalía ha emitido nuevas pruebas al juez contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por los delitos que se generaron durante los actos violentos que se produjeron en esa zona.
Precisó que estas denuncias se suman a las que ya tiene Santos por haber usados fondos del gobierno regional para sufragar los gastos de personas que participaron en marchas, en los días que se produjeron revueltas en Cajamarca, y también por el uso de vehículos y combustibles.
Andina
