En Ampliación de Noticias, la abogada Diana Pérez indicó que hay “dos rutas o salidas legales” para que Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, sea trasladado al Perú: la expulsión o la extradición.
La abogada penalista Diana Pérez señaló que, ante una posible expulsión de Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, sindicado como el principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, será el Estado colombiano el que tenga la última palabra.
"De cara a la situación que tiene esta persona con el apelativo 'Cuchillo', nos trae a dos rutas o salidas legales. Por un lado, el tema de la expulsión, que en estricto sería un mecanismo, una salida rápida; pero que también, por ser un tema administrativo, la última decisión la tiene el Estado colombiano", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"Podríamos indicar que podría tocar a esa esfera (presidencial). Véase, por ejemplo, los casos que sucedieron muy cercanos, el caso Rodolfo Orellana o el caso de Sergio Tarache, que ambos han estado también en una situación similar en Colombia, pero la diferencia es que en el caso Orellana sí hubo un tema de expulsión. Por tanto, fue un mecanismo rápido, célere. En promedio estamos hablando de 24 horas", agregó.
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¿Cuáles serían los presupuestos para que Colombia expulse a ‘Cuchillo’?
De acuerdo con Pérez, para expulsar a ‘Cuchillo’ este tendría que haber ingresado al país de manera ilegal o, en su defecto, el Estado colombiano tendría que considerar que representa un "impacto negativo" para su país.
"Uno de los presupuestos es, por ejemplo, que haya ingresado de manera ilegal. Pero, en concreto, no es el caso. El señor, de acuerdo al movimiento migratorio, ha entrado con mecanismos legales. Lo segundo es que, de repente, el señor pueda generar un impacto negativo para el orden público. Entonces esto podría ser evaluado por el Estado colombiano", aseveró.
"Sin embargo, acá también está el tema de la extradición, que, como mecanismo judicial, es más lento. Y acá viene el comparativo con el caso Tarache; que si bien el señor ingresó de manera ilegal, el Estado colombiano finalmente no decidió inclinarse por el tema de la expulsión. Más bien, decidió inclinarse por esperar los términos de extradición. Tiene que ver con la libre discrecionalidad del Estado", culminó.
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