La iniciativa que reúne los proyectos presentados por grupos parlamentarios y el Poder Ejecutivo.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República inició el debate de la propuesta que plantea modificar el Código Penal para aumentar las penas por conducir en estado de ebriedad o drogadicción, las que incluyen hasta la aplicación de privación de la libertad por un mínimo de seis meses.
La iniciativa que reúne los proyectos presentados por grupos parlamentarios y el Poder Ejecutivo, propone modificar la norma para sancionar la reiteración del delito, con prisión efectiva.
El titular de este grupo de trabajo, Rolando Sousa Huanambal, se encargó de exponer los aspectos y detalles del pre-dictamen.
En ese sentido, indicó que el endurecimiento de las penas en los delitos culposos cometidos en condiciones de ingesta de alcohol o efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sicotrópicos o análogos, busca uniformizar la redacción de los tipos de homicidio, lesiones y conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción.
Además, dijo, se establecen los mínimos legales de pena y se normaliza el uso de inhabilitaciones, y en varios supuestos se aumentan las penalidades, y propone las vías penales y procesales penales para el cumplimiento de las órdenes impartidas por funcionarios públicos a fin de determinar la ingesta de alcohol o drogas tóxicas en los conductores.
De acuerdo a la propuesta, se plantea la reducción del grado de alcoholemia en el caso de transporte público de personas o mercancías de 0.5 a 0.25 gramos por litro de sangre, indicó la Comisión en una nota de prensa.
La congresista Karina Beteta (UPP) se manifestó de acuerdo con la propuesta señalando que un chofer de este tipo de transporte no debe tener un solo gramo de alcohol en la sangre, pero se consideró en desacuerdo con la prohibición de obtención de la licencia por parte del infractor.
Planteó un tiempo determinado de aplicación de la medida, con lo cual estuvo de acuerdo el congresista Juan Carlos Eguren (UN), puesto que alguien que no tuvo antes licencia de conducir no puede estar inhabilitado de por vida.
Para el congresista Rául Castro (UN) y Víctor Mayorga (GPN) el tope de 0.25 gramos es extremadamente duro y con un consumo de esta cantidad de alcohol nadie puede quedar perturbado. En consecuencia, plantearon un mínimo de 0.8.
Otros aspectos del proyecto están referidos al homicidio culposo, que se plantea sancionar con pena privativa de la libertad no menos de un año ni mayor de cuatro si el delito resulta de la inobservancia de las reglas de profesión, de ocupación o industria. Si son varias las víctimas, la pena mayor aumentará a seis años.
Asimismo, la pena no será menos de cuatro años ni mayor de ocho años si el agente utiliza arma de fuego, conduciendo un vehículo con presencia de alcohol mayor a 0.50 gramos.
Al que por su culpa causa a otro daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año y con 60 a 120 días-multa. Si la lesión es grave, la sanción estará entre uno y dos años de cárcel.
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