Inmovilización precipitada y protestas justificadas, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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El Perú vivió durante el fin de semana una convulsión social causada por el paro de transportistas y de productores agropecuarios. Cuatro personas perdieron la vida como consecuencia del bloqueo de carreteras. Después de conseguida una tregua en Junín, hubiéramos podido esperar que el gobierno diera pruebas de prudencia. En vez de eso, el presidente anunció cerca de la media noche del lunes que toda la población de Lima y Callao sería sometida el martes a una inmovilización social obligatoria. Una medida tan extrema y violatoria de la libertad hubiera requerido una justificación convincente, pero el gobierno no explicitó sus argumentos, aludiendo a vagos “informes secretos de inteligencia policial”.

Como era previsible, numerosos ciudadanos decidieron expresar su rechazo a la medida manifestando en los exteriores del Congreso, donde el presidente Castillo mantenía una reunión con congresistas de la mayoría de las bancadas. De pronto, anunció que se había decidido levantar la inmovilización y que debía abandonar la reunión para firmar el decreto correspondiente. Llegó la medianoche, y el decreto de anulación seguía sin ser firmado. En el mejor de los casos las contradicciones e incumplimientos del Ejecutivo son fruto de la impericia y la improvisación, pero algunos analistas temen que disimulen una estrategia de descrédito de las instituciones y exacerbación del rechazo creciente que genera el presidente Castillo.

Una semana después del fracaso de la segunda vacancia, se han multiplicado las voces que piden la renuncia de Castillo y la formación de un gabinete de unidad nacional. Por ahora, lo único seguro es que recordaremos durante mucho tiempo que por primera vez en nuestra historia se prohibió a una población de once millones salir de sus hogares y que esta prohibición fue revocada oralmente quince horas más tarde.

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