Instan al Congreso sancionar un reglamento de consulta con comunidades campesinas

Para honrar el convenio 169 de la OIT -el cual reconoce el derecho de las comunidades nativas a ser consultadas sobre el ingreso de empresas a sus regiones- el Congreso de la República debe sancionar por ley el reglamento del mecanismo estatal de consulta el cual debe ser estructurado cuidadosamente para apelar directamente a la población, manifestó el analista político Miguel Santillana.

Santillana dijo que desde 1993, cuando el Estado peruano firmó el convenio 169 con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el país paradójicamente carece de un reglamento de consulta con los pueblos indígenas.

El analista insistió que el sistema de consulta que debe sancionar el Parlamento debe garantizar una relación directa con la población para impedir intermediaciones ilegitimas.

Este instrumento, puntualizó, servirá para coadyuvar a la paz social en el país, garantizar que las inversiones sean estables a largo plazo y, de paso, dejar sin argumentos a aquellos grupos radicales que se oponen por principio a todo tipo de gran inversión.

En ese sentido, expresó sus escándalo de que nadie en el Gobierno se haya preocupado de reglamentar el sistema de consulta a las comunidades nativas pese a que hace menos de un año, el pasado 5 de junio, los hechos luctuosos de Bagua –precisamente generados por la oposición de nativos amazónicos a  decisiones inconsultas del Estado -dejaron un saldo de 24 policías y 10 nativos muertos.

Santillana precisó que la Defensoría del Pueblo y la Célula Parlamentaria Aprista cuentan, respectivamente, con propuestas de metodología de consulta y se hace urgente que el Parlamento aborde esta asignatura pendiente. 

A través de un mecanismo de consulta apropiada, expresó "debemos olvidarnos de consultar a Patria Roja o Aidesep… el Estado deberá ir directamente a las bases, a las comunidades indígenas que eventualmente van a ver afectados sus intereses por decisiones administrativas del Estado peruano", en este caso concesiones mineras, petroleras o forestales.

"Hay que sentarse a negociar"

Respecto a un reciente pronunciamiento de la OIT que exhorta al Estado peruano "suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a los pueblos indígenas del país", Arellano dijo que a efectos prácticos y de cara al desarrollo nacional aquí cabe una "negociación política entre el Estado y las comunidades indígenas para hallar soluciones de compromiso".

En este contexto, Santillana subrayó que el convenio 169 en ningún momento establece que los pueblos indígenas gozan de soberanía o extraterritorialidad y mucho menos que sus decisiones o vetos tribales o comunales puedan significar la paralización del desarrollo del país tal como se desprende, dijo, del discurso de determinadas ONGs internacionales.

Más adelante recalcó que las concesiones y licencias otorgadas por el Estado peruano a empresas se sustentan en contratos que tienen cláusulas expresas que prohíben de desarrollar industrias dentro de los poblados, en zonas ecológicas especialmente sensibles, arqueológicas, etc., "eso es lo que no le dicen (determinadas organizaciones) a las comunidades indígenas", anotó.

El analista finalmente fustigó a determinadas organizaciones que se oponen radicalmente a la gran inversión y para tal efecto utilizan todos los recursos y argumentos, precisamente como el convenio 169 de la OIT. "(Estas organizaciones) de frente quieren expulsar a las empresas para que no hayan inversiones, estas campañas se intensifican con el advenimiento del proceso electoral", opinó.