Justicia reconoce el derecho a morir en dignidad [COLUMNA]

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El amparo concedido por una Sala constitucional del Poder Judicial a una solicitud de “muerte digna” expone a la sociedad y al Estado peruanos a un desafío ético e institucional que han debido confrontar todas las sociedades democráticas. Los jueces han sentenciado que Ana Estrada, afectada por una enfermedad degenerativa e incurable, tiene derecho a ser asistida a morir cuando considere que su vida ha dejado de ser digna. Se trata de la primera vez que la Justicia peruana da razón a una solicitud de este tipo, abriendo la vía hacia un derecho que podrá ser reclamado por otros y dar lugar a una ley. El amparo fue presentado por la Defensoría del Pueblo y ha sido respaldado por la presidenta del Consejo de ministros, quien dijo expresarse en su calidad de abogada y defensora de los Derechos Humanos. El caso particular de Ana Estrada merece todo nuestro respeto. Se trata de una psicóloga que vive postrada desde hace más de veinte años, que reitera su amor a la vida y que dice sentirse aliviada por la libertad que le ha sido reconocida. El tema doctrinario debe ser tratado también con serenidad y tolerancia hacia opiniones que no concuerden con las nuestras. Desear el fin de la propia vida es una experiencia demasiado compleja como para hacer de ella un tema de querella política o de incriminaciones. La mayor parte de las religiones son opuestas a la eutanasia activa, aunque el hinduismo y algunas confesiones cristianas toleran la eutanasia pasiva. En cualquier caso, las convicciones religiosas no deben ser impuestas en un Estado laico. Por otra parte, la historia nos enseña que desde Antígona en la Grecia antigua, los guerreros de Masada en el Israel del siglo I, Cleopatra en el Egipto romanizado y Cahuide durante la conquista, la muerte por voluntad propia es una opción que no debe ser ni satanizada ni banalizada. Lo seguro es que el tema debe ser abordado con la misma racionalidad jurídica que dos informes publicados ayer: uno sobre el uso irregular de vacunas, y el otro sobre la reforma de la Policía Nacional.

El destacado historiador y ensayista mexicano Enrique Krauze se pregunta en El Comercio si el pasado histórico de América Latina explica nuestra dificultad para forjar democracias estables y nos condena al populismo. La práctica institucional de tres siglos de virreinato tendría su origen doctrinario en la idea de que el Estado es una corporación que se rige por una ley natural no escrita. De ahí procedería el desdén por las elecciones, los partidos y las leyes, así como el carisma no ideológico y la entrega absoluta al poder del líder. Pero no hay que olvidar que en países europeos se pudo forjar democracias estables al término de cientos de años de monarquías de derecho divino.

A propósito de nuestra historia milenaria, una buena manera de aprovechar el fin de semana es realizar en familia una visita digital al museo de sitio de Pachacamac, en espera de la anunciada reapertura de los sitios arqueológicos. A propósito de Pachacamac, vale la pena leer el relato que hace Garcilaso de la Vega de la primera irrupción de españoles en lo que fue el principal santuario de la costa peruana. Los conquistadores que llegaron al santuario antes de la fundación de Lima dieron pocas señales de interesarse en algo que no fuera el oro. La brutalidad que mostró el enviado de los Pizarro es quizás la expresión más patente del origen de nuestras dificultades para construir una sociedad basada en el respeto a valores comunes: la codicia y el desprecio a las costumbres de los demás.

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