Con la extraña excepción de la exfiscal Gladys Echaíz, la mayoría de los especialistas sostiene que conceder la colaboración eficaz en casos de corrupción, sicariato y narcotráfico requiere mucho más tiempo.
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La liberación de dos cómplices del delincuente conocido como “Maldito Chris” es una grave señal de alerta sobre los disfuncionamientos de la Fiscalía. La fiscal encargada, María Abad, consideró que la Policía no había respetado el plazo de 48 horas para presentar la documentación requerida y no vaciló en liberar a dos personas que representan sin duda una amenaza a la seguridad ciudadana. No tomó en cuenta los graves antecedentes de quienes habían sido detenidos por la Policía con armas en la mano y con indicios sólidos de haber hecho uso de ellas. No podía ignorar que se atribuye a Christopher Fuentes y sus secuaces el asesinato de un sereno en Surco, pero también de un agente policial en Lima Norte y otro en su natal Venezuela. La Policía ha mostrado los intercambios de correos electrónicos y ha dado muestras de la aceleración de su trabajo para garantizar que la Fiscalía solicite una prisión preventiva. Uno de los dos liberados se fugó rápidamente a Chile, el otro seguirá merodeando en calles en busca de sus nuevas víctimas. A otra escala, la Fiscalía enfrenta el riesgo de tener plazos inviables para acordar a delincuentes el estatuto de colaboradores eficaces. El Congreso ha votado una ley que fija en principio ese plazo en ocho meses. Con la extraña excepción de la exfiscal Gladys Echaiz, la mayoría de los especialistas sostiene que conceder la colaboración eficaz en casos de corrupción, sicariato y narcotráfico requiere mucho más tiempo. Pero la ley ha sido aprobada por amplia mayoría y ha contado sobre todo con el voto de más de treinta congresistas que pueden verse expuestos a procesos en los que haya colaboradores eficaces contra ellos. Tres exProcuradores de la época en que se introdujo la figura de la colaboración eficaz, José Ugaz, César Azabache y Luis Vargas Valdivia, solicitan a la presidenta Dina Boluarte que no promulgue la ley. De su decisión dependerá el futuro de la lucha contra la criminalidad organizada en nuestro país.
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