Columna | Las Bambas, la Minería, el Perú

El conflicto que afecta el proyecto minero Las Bambas condensa algunos de los más graves problemas de nuestro país: la falta de respeto a la ley, la actuación tardía e ineficiente del Estado, el mal funcionamiento de la regionalización, el divorcio entre la clase política y la sociedad civil. Es cierto que cuando estalla un conflicto que concierne poblaciones que viven en gran altura, se pone cruelmente de manifiesto el abismo social que separa a la mayoría de nuestra población de comunidades privadas de los beneficios del crecimiento económico de los últimos años.

Pero no es el contexto social lo decisivo en este caso, en el que esperábamos que todos los actores hubiesen aprendido las lecciones de los últimos años, desde Conga hasta Tía María. La empresa propietaria tomó todas las precauciones para hacer viable el más grande proyecto de inversión minera de la historia de nuestro país, el mismo que bordea los 10,000 millones de dólares. Se negoció por eso con las comunidades establecidas en la zona de la explotación y parte del arreglo global supuso el desplazamiento de comuneros desde su zona de origen en Apurímac, al predio de Yavi Yavi, a 130 kilómetros de distancia, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas. 

Es cierto que el proyecto inicial preveía el transporte de minerales a través de un mineroducto, y que se modificó para ser remplazado por el más convencional recurso a camiones de gran tonelaje. Se diseñó por eso la mejor ruta posible hacia el puerto de Ilo, desde el que parte el concentrado a sus destinos exportadores. La ruta de los camiones pasa por un camino que existía antes del asentamiento de los hoy residentes en Yavi Yavi y el gobierno la declaró carretera nacional. Nunca fue propiedad privada de una comunidad.

¿Y el diálogo?

Para nadie es agradable vivir cerca del paso de camiones, como tampoco de torres de telefonía, ni sitios de reciclaje de residuos sólidos, ni aeropuertos o cárceles. Pero son necesidades impostergables de una sociedad desarrollada que deben dar lugar a acuerdos y compensaciones. No se puede generar riqueza que no se traduzca en beneficios tangibles a los habitantes del entorno, pero tampoco puede nuestro país renunciar a la minería, que se ha practicado en nuestro territorio desde antes de la llegada de los españoles.

La empresa Las Bambas aportó lo que le correspondía en materia de construcción de viviendas, locales para servicios públicos y contribuciones individuales a los desplazados. El Estado debió hacer lo suyo aportando seguridad, servicios de salud y escuelas de calidad. Ahí comienzan a diluirse las responsabilidades. ¿Quién habla con las autoridades comunales? ¿Los alcaldes, los gobernadores regionales, los congresistas, los funcionarios de los ministerios, los del viceministerio de gobernanza territorial?

Advertencias

Con pocas excepciones, las autoridades callaron. Una excepción fue el congresista Richard Arce que alertó desde el primer momento sobre los riesgos generados por el descontento. Y dijo también que a falta de diálogo existía el riesgo de que aprovechadores profesionales lideraran reclamos sociales para su provecho personal. Eso es lo que se expresó en el bloqueo de la carretera, es decir el recurso a una medida que viola la ley y el principio elemental de la integridad territorial.

Los hechos se han precipitado y la justicia ha hallado razones para detener a dos “aprovechadores profesionales”, los hermanos Chávez. Y junto a ellos al presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas. La semana pasada lo habíamos recibido en Ampliación de Noticias y desde nuestros estudios pudo escuchar a los dirigentes de la empresa y al viceministro Raúl Molina.

El Perú no puede permitirse que aborte un proyecto de inversión como Las Bambas. Sin inversión privada no podremos reducir la pobreza. No existe otro camino que el diálogo, la vigencia plena de la ley y la intervención a tiempo de la autoridad pública.

Las cosas como son