En el primer semestre del 2019 hubo un total de 3,400 atenciones en cámara Gesell por delito contra la libertad sexual a niños, niñas y adolescentes. En 1 de cada 2 denuncias de violación contra mujeres en el Perú, la víctima es menor de 18 años.
El Perú es uno de los países de América Latina con las tasas más altas de violación. La evidencia señala que las denuncias por violación se concentran en víctimas mujeres, y dentro de esa población, una mayor victimización en adolescentes. Y las cifras siguen en aumento: los casos procesados por la Fiscalía este año ya superaron en un 26.8% a los del 2018.
En los registros de la Policía Nacional de enero-julio de este año, la violencia sexual contra mujeres representa el 93.4% del universo de casos. Y de esta cifra, el 49.2% de las victimas se concentran en adolescentes de 12 a 17 años. Así, en 1 de cada 2 denuncias de violación contra mujeres en el Perú, la víctima es menor de 18 años.
Según información a la que RPP Noticias accedió por medio de una solicitud de Acceso a la Información, la Fiscalía investiga 18,959 delitos contra la libertad sexual registrados entre enero-julio de este año. En el mismo periodo en el 2018, el Ministerio Público registró 14,939. Es decir, en un año hubo un incremento de 4,017 casos.
Sobre la violación sexual contra menores
Los distritos fiscales a nivel nacional registran 3,025 denuncias por violación de menores entre enero y agosto de este año.
Las fiscalías de Lima Metropolitana concentran la mayor cantidad de casos: Lima (129), Lima Este (192), Lima Norte (465) y Lima Sur (256).
Entre las zonas donde se promedia y se supera los 100 casos, están Arequipa (116), Cusco (123), Huánuco (119), Huaura (100), La Libertad (154), Lambayeque (128), Puno (98), Ica (95) y Ayacucho (94).
Los expertos consultados para este informe coincidieron en señalar que, en la mayoría de los casos de violaciones a menores de edad, el agresor es una persona del entorno familiar del niño, niña o adolescente.
María del Carmen Santiago, directora general de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, indicó que una Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales del INEI reveló que el 29% de adultos cree que “los padres son dueños de sus hijos e hijas”, y por ello, pueden “hacer con ellos lo que consideren bien”.
“Porque los adultos tienen esa concepción de que los niños son objeto, y no sujeto de derechos, es que la mayor parte de agresiones en general, incluyendo la sexual, hacia niños y niñas se da dentro del espacio familiar y por personas del entorno familiar encargadas de su atención”, explicó Santiago.
“Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, no hay espacio privado. Si un niño comunica que algo está pasando en su casa, cualquier persona que lo escucha debe de informarlo a la autoridad inmediatamente”, añadió.
Más servicios de atención
Según la funcionaria, en muchos casos los operadores de justicia dudan del testimonio del niño, niña o adolescente que denuncia una agresión sexual.
“Los operadores tiene que creerle al niño o a la niña. Tienen que entender que la respuesta que van a tener será de acuerdo con la edad del niño o de la niña, y no de acuerdo con lo que el adulto quiere saber. Muchos de los casos se caen porque el niño dice: ‘me hizo esto en la sala’ y luego dicen ‘fue en el comedor’, entonces podría decirse que cambió de declaración. Pero no es así. A los niños más pequeños les cuesta tener una correlación del tiempo en el espacio o en las horas. Eso no podemos percibirlo como una situación que no defina que ha ocurrido el hecho”, manifestó.
Además, Santiago dijo que la implementación de más cámaras Gesell es fundamental para resolver los casos. En un informe anterior, explicábamos la importancia de las cámaras para evitar la revictimización de los menores.
Según el Instituto de Medicina Legal, entre enero y junio, hubo un total de 3,400 atenciones en cámara Gesell por delito contra la libertad sexual a niños, niñas y adolescentes.
La fiscal suprema provisional y presidenta de la comisión de trabajo para el abordaje de violencia contra la mujer, María Isabel Sokolich Alva, asegura que en casos de violencia sexual contra menores en flagrancia la víctima es evaluada en cámara Gesell el mismo día. En casos donde no hay flagrancia, la víctima menor de edad puede esperar hasta dos meses y medio para pasar por la entrevista única.
“Tenemos 99 cámaras Gesell en todo el país. Con una incidencia tan alta de denuncias de violencia, entre ella la sexual, la capacidad instalada no es la suficiente. Esta significa que, en algunos distritos, entre la programación de la entrevista y la materialización de manera efectiva pueden pasar dos meses o dos meses y medio. Para poder reducir esos espacios de tiempo, es que se viene instando al Ejecutivo la transferencia de una partida presupuestal mínima”, indicó a RPP.
Desmontando mitos
Stephanie Orihuela, especialista en casos de abuso sexual infantil de Aldeas Infantiles, indicó que es un mito pensar que los agresores sexuales solo se valen de la fuerza física para someter a una víctima. Afirmó, por el contrario, que los agresores utilizan una estrategia basada en la “seducción”.
“La seducción es una estrategia sistemática, gradual que busca el acercamiento progresivo al niño o a la niña a través de regalos. Buscan de alguna manera ‘seducir’ al niño o a la niña a que realice actividades sexuales en el intercambio de un favor. Normalmente son dos las estrategias más usadas por los abusadores: la amenaza o coerción, al decirles ‘si no lo haces, voy a hacer esto’; o la seducción, que es el acercamiento, a través del intercambio de favores”, detalló Orihuela.
La psicóloga afirmó que desde el Estado se debe incorporar efectivamente el tema de la educación sexual en el currículo educativo para que así los menores y adultos puedan identificar factores de riesgo.
En este punto coincide la fiscal Sokolich, cuando un niño, niña o adolescentes es víctima de violencia sexual evidencia señales de alerta. “Si esta en etapa escolar, presenta retraimiento o introversión”. Además, sostuvo que al Estado le corresponde intervenir si el medio familiar “resulta nocivo para el niño”. “Si alguien conoce de estos hechos deben dar la voz de alarma para que el Ministerio de la Mujer, Fiscalía, Policía pueda intervenir”, afirmó.
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