Lucha contra la corrupción y seguridad jurídica, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Por si hubiera hecho falta, la trama de corrupción asociada a la empresa brasileña Odebrecht ha puesto en evidencia que la corrupción es uno de los mayores obstáculos en el camino hacia un país desarrollado y justo. La corrupción envilece a los seres humanos, distorsiona la acción del Estado y pone en peligro la vigencia de nuestra democracia. Como en otros grandes casos de corrupción a lo largo de nuestra historia, nos viene tomando mucho tiempo llegar al fondo de la verdad y nos costará aún más reponernos del golpe moral asestado contra la credibilidad de personas e instituciones. Parte de nuestra precariedad política procede de la falta de confianza que tenemos unos en otros y todos en el Estado. Por eso puede resultar tentador patear el tablero y aplicar una política de tierra quemada contra todo lo que tenga o haya tenido que ver con Odebrecht. Y sin embargo, no debemos dejarnos llevar por una suerte de actitud justiciera que por penalizar a una empresa nos haga correr el riesgo de perjudicar los intereses de nuestro país. Los agentes de la corrupción deben ser juzgados y condenados con la mayor severidad por tribunales y no por actores políticos. Tenemos suficientes ejemplos en América Latina de políticos que han pretendido disfrazar sus fracasos tras discursos incendiarios y populistas. En ese contexto debemos reconocer las medidas cautelares que un Tribunal Arbitral de la ONU ha concedido en el contencioso que opone la municipalidad de Lima a la empresa concesionaria Rutas de Lima. Se equivoca el Defensor del Pueblo cuando se cree facultado a declarar nulo un contrato que tiene su propia manera de dirimir controversias. El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, está a tiempo de ponderar lo mucho que han costado a la Municipalidad laudos arbitrales anteriores. La lucha contra la corrupción no se puede llevar a cabo en detrimento de la seguridad jurídica.

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