Proyecto de ley que busca rebajar pensiones y exoneración de cobros es inconstitucional, según instituciones privadas

Las iniciativas legislativas propuestas por el Congreso de la República para regular las pensiones y matrículas de los estudiantes de instituciones educativas privadas afectarían derechos fundamentales establecidos en la Constitución, según dos informes encargados por la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes) a destacados constitucionalistas del país.

Los informes de los constitucionalistas, entre ellos Natale Amprimo y Víctor García Toma, coinciden en señalar que nueve de las iniciativas analizadas que rebajan pensiones, o suspenden y/o exoneran cobros afectan derechos como la libertad de empresa, el derecho de propiedad, la autonomía universitaria, entre otros.

Luis Lescano, gerente general de Fipes, red conformada por universidades enfocadas en la calidad educativa que han obtenido sus respectivos licenciamientos ante la Sunedu, resaltó la importancia de respetar los derechos humanos y la Constitución e hizo un llamado a los congresistas a analizar todos los proyectos, considerando los serios efectos que tendrán en las instituciones.

“La base de una democracia y de la institucionalidad es el respeto a los derechos humanos y a la Constitución. No es correcto que, para buscar soluciones, los congresistas puedan presentar iniciativas que transgreden la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26) y los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución”, asegura.

Según Fipes, la situación actual del sistema de educación superior es altamente compleja, y los Proyectos de Ley afectarán severamente sostenibilidad de las instituciones en el mediano plazo estableciendo un indebido control de precios de las pensiones. “Tenemos un promedio de deserción del 15% este semestre, la que podría elevarse a 35% el segundo ciclo. Si sumamos a ello, una tasa de morosidad de alrededor de 50%, la situación se hace crítica para muchas instituciones”, explica Lescano.

Las conclusiones de los informes

Para el excongresista Natale Amprimo, “los Proyectos de Ley objeto del presente informe jurídico, afectan los derechos fundamentales de autonomía universitaria, propiedad, libertad de empresa y libertad de contratación, y transgreden la prohibición constitucional de aplicación retroactiva de la ley y el principio de interdicción de la arbitrariedad".

Estos ponen en riesgo el funcionamiento de las universidades privadas, así como de otras instituciones educativas privadas, no superando manifiestamente el Test de Proporcionalidad. Su informe sostiene que los proyectos de Ley “carecen de sustento técnico sobre su impacto regulatorio y análisis costo-beneficio”.

Víctor García Toma, ex ministro de Justicia y ex presidente del Tribunal Constitucional, advirtió en su informe que “la regulación de la actividad empresarial en el campo de la educación deberá tener como límite el contenido esencial de las libertades económicas, entre ellas, la libertad de empresa”.

“El ordenamiento jurídico ya contempla vías para que todo usuario del servicio educativo que se considere afectado en sus derechos pueda hacerlos valer, ya sea a través de las entidades administrativas que pone el Estado a su disposición (como ya hemos señalado, Indecopi, Minedu y Sunedu) o el Poder Judicial”, opinó García Toma.

Amprimo agregó que los Proyectos de Ley que debate el Congreso “no analizan que la educación no presencial es una medida de emergencia y no una decisión derivada de la voluntad de los gestores de las instituciones privadas. Parten de la presunción que la prestación no presencial es no efectiva, cuando tanto la presencial como la no presencial son modalidades útiles y efectivas, por lo que no corresponde que se afecten las pensiones ni la matrícula, contraprestación a la que tienen derecho los proveedores de tal servicio”.