Especialistas coincidieron que la modificación aprobada en la Comisión de Defensa del Consumidor supone riesgos respecto de los datos personales de usuarios, pues permite a este organismo acceder a un registro completo de datos para fines de fiscalización de los servicios públicos de telecomunicaciones.
La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que modifica la ley de desarrollo de las funciones y facultades del Osiptel, a fin de darle prerrogativas "para fortalecer las facultades de decomiso de bienes vinculados a la infracción administrativa". El dictamen establece también modificaciones con relación al tratamiento de datos personales "para fines de la fiscalización de los servicios públicos de telecomunicaciones".
En diálogo con RPP, Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital, expresó su preocupación por el dictamen aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor, pues consideró que "no se puede entregar una lista sábana a una autoridad por más específica que sea, porque no se sabe cómo va a utilizar los datos".
Añadió que ninguna autoridad puede pedir acceso indiscriminado a los datos personales gestionados por entidades públicas o privadas más allá de sus funciones ni tampoco de modo masivo, sino de manera puntual. "Lo que pide Osiptel para tratar de regular la calidad de las comunicaciones no es incorrecto ni indebido porque es importante darle a las autoridades las herramientas para que hagan sus investigaciones, pero la data no puede ser individualizada. Tiene que ser anonimizada y tiene que ser globalizada", apuntó.
Por su parte, Nicolás Zevallos Trigoso, criminólogo y exviceministro en Seguridad Pública del Mininter, consideró como un "enorme riesgo" para la ciudadanía que datos personales tan sensibles sean acumulados por una institución pública que podría ser vulnerada por redes criminales. "Estamos frente a una enorme amenaza del crimen organizado donde existen diversas vulnerabilidades a nuestra seguridad. Una de ellas tiene que ver con un enorme mercado de datos personales, un mercado negro de datos de usuarios que se filtran con mucha facilidad, y lamentablemente la fuente principal de estos datos es el Estado", manifestó.
Zevallos sostuvo que "Osiptel es uno de los primeros que debería preocuparse de que ese tipo de información se filtre", y por ello "debe ser responsable de que ese acceso a información irrestricta no se consolide porque es un enorme riesgo para todos".
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