Desde hostigamientos y ocultamiento de información hasta difamación por redes sociales y amenazas de muerte. Estos son algunos de los ataques a los que se tienen que enfrentar las peruanas que deciden involucrarse en la política.
En las últimas elecciones, seis candidatas a cargos regionales y municipales en Lima, Puno, Moquegua y Junín denunciaron, a través de la plataforma virtual ‘Observando la Igualdad’ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), haber sido acosadas políticamente.
De acuerdo a Juana Nina, coordinadora del Programa para la Igualdad Política del JNE, en las últimas elecciones regionales y municipales, casi la mitad de las candidatas declararon haber sido víctimas de acoso político.
“Han habido muchísimos casos en los que las mujeres llegan a Concejo y todos los varones hacen cuerpo común en contra de la palabra de la mujer, incluyendo la gente de su partido. No les ceden la palabra, las citan a reuniones en horas diferentes”, confirma Pilar Tello, responsable del área de género para Latinoamérica en Idea Internacional.
En Perú, desde el 2012, se han presentado dos proyectos de ley y un proyecto de Código Electoral para sancionar el acoso político. Sin embargo, estos no han sido atendidos. En el 2018, continuamos sin ninguna ley que regule y castigue la violencia contra la mujer en el contexto electoral.
Ante ello, desde el 2014, el Jurado Nacional de Elecciones recoge información sobre acoso político en los procesos electorales y evidencia la importancia de este problema.
“El principal agresor es el integrante de la organización política opositora, el segundo, son los integrantes de su misma organización política, pues hay una lucha de poder. El tercer agresor son los medios de comunicación”, señala Nina.
“Lo que está proponiendo el Jurado Nacional de Elecciones es que se penalice con una multa hacia la organización política cuyos miembros son acosadores políticos. Si el acto es agresión física o tiene que ver con el ámbito penal, entonces remitir esta información al Ministerio Público”, añade.
