Tercerización, empleo y desgobierno, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Una de las más graves consecuencias de los casos de corrupción del Poder es que nos obligan a vivir pendientes de audiencias judiciales y de argumentos penales para formarnos una opinión sobre nuestros gobernantes. Lo que implica el riesgo de no prestar atención a políticas públicas que tienen menor impacto inmediato, pero de las que dependen los objetivos de largo plazo de toda acción política: creación de empleo, mejora de los servicios públicos, reducción de la desigualdad y las brechas sociales.

Tal es el caso del Decreto Supremo 01-2022 que restringió el uso de la tercerización laboral para cubrir labores “nucleares” de las empresas. Es cierto que se habían producido muchas quejas contra el abuso de algunas empresas que terminaban empleando trabajadores bajo regímenes diferentes y con marcadas diferencias salariales.

El tema formaba parte de la agenda del Consejo Nacional del Trabajo, la instancia de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado. Pero de pronto, el Ministerio de Trabajo publicó una norma sin consulta con los actores sociales y sin tomar en cuenta la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas. El resultado de la precipitación es que las empresas han entrado a un terreno de incertidumbre que no puede sino perjudicar la contratación, es decir la creación de empleo formal. La medida es tan cuestionable que INDECOPI ha emitido una resolución declarando la norma “una barrera burocrática ilegal”, que no debe ser aplicada.

También la justicia ha acogido numerosos recursos presentados por empresas. Incluso dirigentes sindicales de Construcción Civil consideran que el decreto no es fruto del diálogo social ni contribuirá a satisfacer las demandas de los trabajadores. Como se ve, el populismo es mal consejero. Los gobernantes deberían recordar el viejo refrán: “El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.

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