Trujillo: Ley modificada permite imposición de prisión preventiva a menor de 16 años investigado por extorsión

El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva para un menor de 16 años investigado por extorsión a una mujer en el distrito El Porvenir de la provincia de Trujillo. Esto fue posible tras la modificación de la ley Nº 32330, que retira la liberación de responsabilidad penal y permite imponer medidas a adolescentes mayores de 16 años por delitos graves, según informó el Ministerio Público de La Libertad.

Según informaron, los hechos se registraron el 13 de mayo del 2025, cuando la víctima encontró una carta bajo el portón de su vivienda donde le exigían el pago de 8 mil soles para no ejecutar un atentado contra su vida y la de su familia.

Las amenazas fueron denunciadas, lo que permitió que un día después las investigaciones policiales den con la ubicación del menor, al que le encontraron elementos graves que sustentan el pedido de prisión preventiva por parte de la fiscal adjunta provincial Marylin Pereda Llerena ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de El Porvenir.

En la región La Libertad se registra la intervención de más de 269 menores por infringir la ley, según la última data revelada por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana.

Defensoría solicita al TC suspensión inmediata de la ley

La Defensoría del Pueblo informó que ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley n.° 32330, norma que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

En la referida demanda, se advierte que dicha ley contraviene tratados internacionales suscritos por el Estado peruano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, que establece la primacía de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional.

Del mismo modo, señalan que la norma evidencia la incompatibilidad de la referida ley con nuestro marco normativo constitucional, situación que amerita ser corregida a través del control constitucional promovido por la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, indicaron que, con la finalidad de prevenir una afectación inminente e irreparable a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, han solicitado al Tribunal Constitucional, como medida cautelar excepcional, la suspensión inmediata de los efectos de la Ley n.° 32330 "hasta que se resuelva el fondo del proceso de inconstitucionalidad".