En Ampliación de Noticias, el abogado Víctor Hugo Núñez Paredes aseguró que no hay pruebas que vinculen a Rosanna Calmet, gerente general de la Intigold Mining, con la contratación de sicarios, tal como esgrime la Fiscalía.
Víctor Hugo Núñez Paredes, abogado de Rosanna Calmet, gerente general de Intigold Mining, negó que la empresa esté involucrada en el violento desalojo de mineros informales, que el pasado 2 de junio se saldó con 14 personas fallecidas.
En Ampliación de Noticias, señaló que la hipótesis fiscal, según la cual la propietaria de la empresa contrató a personas adiestradas en el uso de armas, entre ellos sicarios, para el desalojo, es “absolutamente errada”.
“En primer lugar, mis condolencias a los familiares de las 14 víctimas. La hipótesis criminal de la Fiscalía es absolutamente equivocada, errada; no tiene ningún argumento que pueda justificar”, manifestó.
“¿Cuál es la realidad?, ¿qué ha ocurrido? Dos bandas armadas, autodenominadas asociaciones de mineros informales Atico Calpa y Calpa Renace, se han enfrentado a balazos, con fierros largos, con municiones de alto calibre; y producto de ese enfrentamiento en los territorios de las concesiones de Intigold Mining es que se han producidos las muertes”, añadió.
Víctor Hugo Núñez Paredes señaló que desde hace cinco años la empresa está solicitando protección a las autoridades. “Hace cinco años que viene denunciando la minera a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y del Interior que amparen, que protejan a la minería formal, que paga impuestos, que da trabajo y que está autorizada a extraer minerales”, sentenció.
Rechaza versión de detenidos
El abogado también rechazó las afirmaciones de la fiscal a cargo del caso, quien indicó que los detenidos por la muerte de 14 personas aseguraron haber sido contratados por personal de confianza de Intigold Mining para desalojar a los mineros artesanales del área de su concesión.
“La señora Rosanna Calmet no ha contratado a ninguna persona, no hay ningún contrato verbal ni escrito, ni hay una prueba; pueden levantarle el secreto de las comunicaciones. No hay forma de probar que ella ha contratado”, refirió Víctor Hugo Núñez Paredes.
Cabe mencionar que, según la fiscal María Cabana Ocsa, los detenidos indicaron que, cuando los contrataron, se les proveyó de armas de fuego y chalecos antibalas para las operaciones de desalojo.
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