Para el politólogo y exviceministro de interculturalidad, Paulo César Vilca, el caso Aymarazo tuvo una fuerte carga política. Explicó que alrededor hubo contraposiciones y perspectivas que giran en un ciclo de conflictividad en la que se ubican protestas antimineras como Conga, Tía María y otras.
Consideró que los términos de la sentencia son controversiales y a pesar que en el marco legal se cumplen con los requisitos, es necesario contextualizar y generar un mayor análisis, mientras que por su parte el gobierno debe implementar un sistema integral que permita atender los conflictos.
Explicó que cuando se habla de la criminalización de la protesta se entra al terreno político, y aunque tenga una relevancia jurídica, no se puede acusar y deslegitimar a cualquier protesta como si ésta solo obedeciera a cierto interés político de algunos grupos violentistas.
Afirmó que las preocupaciones de comunidades que están cerca de proyecto mineros son legítimas y en el caso de Puno, debe recordarse la falta de la consulta previa a los pueblos indígenas, lo que tampoco significa que se deba dar carta blanca a los actos de violencia.
En reiteradas oportunidades el dirigente del "Aymarazo" ,Walter Aduviri, indicó que esta protesta tuvo un trasfondo político, porque se buscaba culpar a la dirigencia de desmanes cometidos supuestamente por terceros para alinearse a la política neoliberal y así favorecer a las empresas transnacionales.
