Alcalde de Espinar afrontará proceso en cárcel por violencia en paro

El alcalde provincial de Espinar, Óscar Mollohuanca Cruz, pasó su primera noche en el penal Cristo Rey de Cachiche de Ica tras la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria al ordenar su prisión preventiva por cinco meses, mientras duren las investigaciones sobre su presunta responsabilidad en las violentas protestas que dejaron dos muertos en dicha provincia.

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El fallo se justificó al considerar que cinco meses es "un plazo prudente y razonable" para que se concluyan las investigaciones.

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Mollohuanca fue uno de los rostros visibles de la protesta contra la minera de cobre Xstrata, cuyos enfrentamientos con la Policía causaron la muerte a dos manifestantes, decenas de heridos y detenidos en su yacimiento de Tintaya.

"Es una prisión política. Seguramente por la presión desde arriba, porque aquí se juegan varios intereses. Por ejemplo, de las empresas mineras", aseguró Mollohuanca a los periodistas a la salida de la audiencia.

El burgomaestre es acusado de delitos contra la seguridad pública, atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y apología al delito.

La autoridad provincial fue trasladada al penal Cristo Rey de Cachiche en Ica pese a que sus abogados interpusieron un recurso de nulidad a la resolución.

Durante la audiencia, Óscar Mollohuanca negó que estuvo en la clandestinidad y aseguró que existe un documento suscrito con los alcaldes distritales donde tenía previsto reunirse en el despacho de alcaldía el día de su captura.

"Me sorprende cuando el fiscal dice que estuve tres días en la clandestinidad, este documento suscrito con los alcaldes distritales para sostener una reunión en la municipalidad, demuestra todo lo contrario”, aseveró.

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No obstante, Mollohuanca se declaró -en una entrevista a un medio local- en "situación de reserva" luego de que el titular del Ministerio Público, José Peláez, confirmara que la fiscalía de Espinar había abierto una investigación en contra del burgomaestre y de otros dirigentes por ser principales responsables de los actos de violencia durante la huelga indefinida.

Dos días después de los sangrientos hechos en Espinar, el miércoles 30 de mayo, el alcalde acudió al municipio en pleno estado de emergencia para reunirse con el presidente regional de Cusco, Jorge Acurio. Minutos después de ofrecer una rueda de prensa, fue detenido por la Policía Nacional.

El Ejecutivo se ha visto obligado a bloquear las cuentas de la municipalidad de Espinar ante la sospecha del mal uso de fondos públicos para financiar las manifestaciones en contra de Xstrata. Una de estas sospechas es el hallazgo de bombas molotov en una de las camionetas de Serenazgo de la Comuna.

Legisladores nacionalistas como Rubén Coa han calificado de arbitraria la prisión preventiva en contra de Mollohuanca. También el titular de la región Cusco pidió que sea investigado en libertad.

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En tanto, diferentes agrupaciones sociales del Cusco alistan una movilización para este martes 5 de junio, a fin de exigir que liberen al alcalde de Espinar.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez, señaló que el traslado del alcalde, de Cusco a Ica, era legal porque se debía a una ampliación de competencias ante el escenario de convulsión social en la zona.