La exjefa del Gabinete procesada por el intento de golpe de estado de 2022 señaló como responsable de cualquier atentado en su contra a la directora del penal.
La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, denunció ser víctima de actos de corrupción, chantaje sexual y cobro de cupos en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, en el cual se encuentra recluida por la investigación que se le sigue a raíz del intento de Golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.
Así lo indicó durante su intervención en una de las audiencias por el juicio oral que se le sigue a raíz de este caso. Entonces también señaló como responsable de cualquier atentado en su contra a la directora del penal Nelly Aquino Guardales.
Chávez indicó que la funcionaria convirtió el penal “en su patio trasero” y que -supuestamente- ha permitido que internas con poder adquisitivo sean las “dueñas” del establecimiento penitenciario a cambio de dádivas.
“Los actos de corrupción en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde yo me encuentro, para mí es muy penoso y vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago por celdas, a través de dádivas, obtener economatos con pago de cupos”, dijo.
“La verdad es que he de señalar directamente a la señora directora Nelly Aquino Guardales que ha convertido el penal en su patio trasero. Trabajan de la mano con internas con poder adquisitivo, a quienes les permiten ser las dueñas del penal a cambio de dádivas”, añadió.
Pedido
En esa línea, la expresidenta del Consejo de Ministros, solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema no regresar al Anexo de Mujeres y dijo no saber si volvería a estar presente en la sala de audiencias, ante un eventual atentado en su contra.
Pese a ello, el colegiado indicó que no tienen competencia en un cambio de penal de la investigada, debido a que esta decisión corresponde al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Asimismo, anunciaron que oficiarán a la directora del Anexo de Mujeres de Chorrillos, así como al jefe del INPE sobre esta situación, mientras que notificarán a la Fiscalía provincial de turno y a la Defensoría del Pueblo para tutelar los derechos de la exjefa del Gabinete.