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por Sebastián Acosta
·Así lo anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, quien sostuvo que su sector determinó que esta labor corresponde a Cancillería.
El Ministerio de Relaciones Exteriores será el en cargado de conformar una comisión que evalúe la posibilidad de que Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, planteamiento que anunció el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante su presentación en el Congreso para recibir el voto de confianza.
Así lo indicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, quien sostuvo que su sector ya trazó la ruta para sacar adelante el grupo de trabajo que se encargue de analizar dicha posibilidad. Precisó que, por competencia, dicha labor corresponde a la Cancillería.
“Hoy a través de un informe del sector se ha trazado cuál es la ruta para la formación de la Comisión que evaluará la posibilidad de que Perú se retire de la convención interamericana de derechos humanos. En este caso se ha establecido que por competencia le corresponde al sector de Relaciones Exteriores por ser una competencia indelegable de ese sector”, dijo tras la sesión del Consejo de Ministros.
Planteamiento
El pasado 28 de julio, el titular del Gabinete Ministerial planteó ante el Parlamento la creación de una comisión especial para evaluar la continuidad de Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, algo que consideró “un aspecto de sumo interés para el Congreso de la República y la ciudadanía en general”.
Arana no precisó los motivos exactos para plantear esta iniciativa, la cual se da en un contexto de crisis por aumento de la criminalidad a nivel nacional. Ante ello, Dina Boluarte planteó la aplicación de la pena de muerte.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D. C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica.
En uno de sus últimos pronunciamientos respecto a nuestro país, la CIDH manifestó su grave preocupación luego de que el Gobierno promulgara la ley que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), al considerar que las nuevas regulaciones "podrían resultar desproporcionados, constituir un obstáculo para el funcionamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos, y afectar la libertad de asociación y de expresión".
"La Comisión manifiesta su preocupación por la información recibida por parte de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo de pueblos indígenas, defensoras de mujeres y personas LGBTI, así como de representantes de víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos, ante el impacto que la implementación de esta nueva ley tendría sobre sus actividades de defensa de derechos humanos", manifestaron.
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