CIP advierte que se usó su nombre en demanda al TC sobre bonos agrarios

La demanda de ejecución de la sentencia de bonos agrarios fue presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) sin un acuerdo interno del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), advirtió su actual decano, Carlos Herrera, quien añadió que se trata de una irregularidad.

"Una petición de esa naturaleza sólo pudo haberse tomado mediante acuerdo asentado en las actas del consejo nacional y del congreso de consejos departamentales, máxima autoridad del colectivo. En los libros no encontramos ningún acuerdo al respecto", declaró a la Agencia Andina.

Dijo, en ese sentido, que la demanda no fue una iniciativa del CIP, sino de una persona que usó el nombre del gremio. "Si me guío por lo que dicen los libros no hay ningún acuerdo al respecto, no hubo una voluntad del colegio, sino de una persona", aseveró.

Declinó revelar quién presentó la demanda a nombre del CIP; pero en el fallo del TC se menciona que fue hecha por ese gremio representado por su entonces decano Rafael Riofrío del Solar.

Herrera indicó que el CIP no tenía por qué haber pedido la ejecución del fallo de los bonos, porque no era parte afectada ni un tema de su interés o competencia, pues ni siquiera tenía bonos por cobrar.

"Esto nos suena a una acción irregular, que deja la impresión de que el tema hubiera sido gestado externamente por intereses ajenos al colegio y en el que la institución fue utilizada para el trámite", añadió.

Recordó que como decano se tienen facultades para hacer cosas directamente por decisión propia, pero en casos de este tipo se requería de autorizaciones hasta hoy inexistentes.

"Lo que hay en los documentos son informes respecto a un empadronamiento de los deudores de la reforma agraria, pero ahí nada tiene que ver el CIP, eso corresponde a estudios de abogados, etc., no al CIP", insistió.

CIP no fue notificado

Manifestó que desde el inicio de su gestión al frente de este gremio, en enero del 2013, nunca fueron notificados por el TC sobre el proceso.

"Estas irregularidades denotan cierta turbidez, porque habría protección de intereses particulares al margen de lo legítimos que puedan ser; pero se le ha ocultado información a la institución, se actuó a la espalda de la institución", agregó.

Tras indicar que desconoce cuáles serían los alcances legales de este proceder, sostuvo que existe "malestar ya que el colegio aparece demandando al Estado el cumplimiento de una medida que, por justa que pueda ser, debió ser coordinada previamente y no era competencia del CIP, sino de la parte interesada, es decir, los tenedores de los bonos".

ANDINA