El congresista José Vargas, autor del proyecto, dijo que se pretende adecuar la actual legislación y proteger adecuadamente el derecho a la rectificación.
La Comisión de Constitución del Congreso acordó priorizar el análisis del proyecto de ley que regula el derecho a la rectificación de las personas afectadas por informaciones inexactas o agraviantes publicadas en los medios de comunicación social.
La iniciativa legislativa propone la modificación del artículo 132° del Código Penal (referido al delito de difamación), estableciendo una pena privativa de la libertad de entre uno y tres años para el que cometa dicha transgresión por medio de libros, prensa u otros medios de comunicación social.
Se establece que la persona afectada tendrá derecho (ella, sus herederos o representantes legales) a la rectificación mediante una solicitud cursada por conducto notarial u otro mecanismo.
Se precisa que el pedido será dirigido al director del medio periodístico que publicó la información o, a falta de éste, a quien cumpla dicha función.
El autor del proyecto
Al respecto, el congresista José Vargas, autor del proyecto, afirmó que lo que pretende el proyecto de ley es adecuar la legislación a los tiempos actuales y proteger adecuadamente el derecho que tienen los ciudadanos a solicitar la rectificación.
En ese sentido, sostuvo que en la actual legislación no se incluye dentro de los medios tradicionales a las páginas de Internet, las cuales también pueden afectar el honor y la reputación de las personas.
Asimismo, Vargas indicó que otra de las modificaciones es que las personas tendrán un plazo de 15 días para solicitar la rectificación, y no de solo siete días como se estipula actualmente.
De igual manera, indicó que con dicho proyecto se reduce el plazo de la publicación de la rectificación de 10 a 3 días.
El legislador afirmó que estas modificaciones invitan a que se actúe con mayor seriedad por parte de los periodistas al hacer pública sus investigaciones u opiniones.
Finalmente, sostuvo que no se puede pedir la rectificación de toda información, pero sí las que afectan el honor y la reputación con imputaciones inexactas o injuriosas.
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