Decano del CAP: Tribunal Constitucional genera inestabilidad jurídica

Walter Gutiérrez pide que al Congreso un mecanismo de control, pues considera que un juez constitucional que no sabe de economía "es un enemigo público".
Foto: RPP
Un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) que no conoce de economía "es un enemigo público", dijo el decano del Colegio de Abogados del Perú (CAP), Walter Gutiérrez, al expresar su preocupación por la inseguridad jurídica que genera la "inconsistencias" de los fallos de ese organismo.

Sugirió, en ese sentido, que el Congreso establezca un mecanismo de control sobre el tema.

El jurista se mostró en desacuerdo con la sentencia del TC que elimina el arancel de 12 por ciento a la importación de cemento, y dijo que esto es un ejemplo de que el tribunal se ha "exorbitado" en sus funciones.

"(En el Tribunal) se han exorbitado, se han extralimitado todas las fronteras. Un abogado o un juez constitucional que no conoce de economía es un enemigo público", afirmó.

En declaraciones a CPN Radio, manifestó que en el caso del cemento la resolución del tribunal debilita "severamente" la estabilidad jurídica, se trae abajo toda la política arancelaria del gobierno, y ahora otros sectores económicos también podrían demandar el mismo tratamiento.

Según el decano, si a este tema le sumamos las sentencias sobre la píldora del día siguiente, el caso del general Chacón, el tema del arbitraje, del consumidor, veremos que hay "un rosario" de resoluciones que han terminado afectando la estabilidad.

"Estamos ingresando a un terreno realmente de inseguridad jurídica, hay una actuación del tribunal que por lo menos es preocupante. Se ha metido en todos los temas, y algunas veces en forma contradictoria, como en el caso de la píldora del día siguiente.  Me preocupa mucho la inconsistencia, la inestabilidad y la volatilidad de las sentencias del tribunal", señaló.

Para el hombre de derecho, correspondería al Congreso establecer un mecanismo de control al tribunal, que sin que esto signifique una intromisión en su autonomía y dependencia, convocar a los magistrados para que expongan sus resoluciones, y ver si se han ceñido realmente a sus competencias.

-ANDINA