El ex presidente podrá refutar lo presentado por la parte acusadora durante la sesión previa al dictado de su sentencia.
La defensa de Fujimori hará uso de la palabra en seis sesiones aproximadamente y en la última sesión previa a la sentencia, el procesado tendrá derecho contradecir argumentos que ha escuchado y alegar hechos distintos a los que su abogado haya mencionado a su alocución oral. Así lo señaló el abogado penalista Julio Rodríguez en RPP Noticias.
Rodríguez dijo que "lo que puede hacer un alegato es ir puntualizando aspectos que los magistrados hayan tenido una no muy bien formada opinión", y agregó que "la alegación oral es muy importante, porque estos indicios pueden llevar a la conclusión razonada y fundamentada de culpabilidad o inocencia. Esta es la parte en la que los magistrados escuchan los argumentos de ambas partes para determinar cuál de estos indicios los van a evaluar y de que manera".
En cuanto al manejo del juicio, Rodríguez indicó que es intachable. "El presidente de la sala, doctor César San Martín es el magistrados mejor formado y el hombre en derecho procesal penal que cono más en el país. Su actitud es de gran equilibrio e imparcialidad y deberá ser motivo de influencia en demás magistrados", indicó
Por su parte, el abogado del procesado, César Nakazaki dijo que la sala penal especial de la corte suprema "debe vencer sus prejuicios y presiones cuando emita la sentencia que impondrá al ex presidente Alberto Fujimori" en el marco del juicio que se le sigue por supuestas violaciones a los derechos humanos.
Durante la exposición de sus alegatos de defensa final como acto previo a la sentencia que dictara al ex mandatario, Nakazaki resaltó la trascendencia de este proceso donde Fujimori se encuentra sometido a cuatro juicios en paralelo: el histórico, el jurídico y mediático, donde la justicia condena, y el político el cual, según dijo, ya fue absuelto por la población peruana.
Asimismo, el letrado consideró que el Tribunal Supremo no solo debe tomar en cuenta a la victimas de Barrios Altos y la Cantuta, sino a las más de 22 millones de personas que se encontraban amenazadas por el accionar terrorista al principio de la década de los noventa.
"El juicio tiene connotaciones políticas pues es juzgado por la implementación de una política de estado que contemplaba ejecuciones extrajudiciales durante la lucha antisubversiva", señaló Nakazaki.
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