El Gobierno Regional del Callao pagó un millón de soles a una empresa pese a que no cumplió con realizar trabajos de mantenimiento en colegios como se había acordado.
La Contraloría General de la República detectó en el Gobierno Regional del Callao el pago irregular por más de un millón de soles a favor de una empresa contratista que no concluyó con trabajos de mantenimiento en tres colegios del primer puerto.
Según el resultado del examen especial realizado a la citada entidad, para el periodo 2009-2010, la Gerencia Regional de Desarrollo Social emitió la conformidad de las obras sin verificar el cumplimiento del contrato suscrito por la empresa Los Ángeles Servicios Integrales SAC.
Dicha empresa debía realizar trabajos de mantenimiento en los colegios “Manuel Seoane Corrales”, “General Prado” y “República de Venezuela”.
Las inspecciones físicas y pruebas de laboratorio realizados durante la acción de control demostraron que la empresa contratista no ejecutó la totalidad de los trabajos de acuerdo al contrato suscrito.
Tampoco cumplió con completar las instalaciones eléctricas, sanitarias, obras de cerrajería y carpintería. Tampoco respetó las especificaciones técnicas para la aplicación de pinturas que fueron previstas en la refacción de los ambientes escolares.
Pese a ello, la citada dependencia regional, encargada de la supervisión según el contrato suscrito, emitió las conformidades señalando que la prestación se efectuó de acuerdo a los términos de referencia y que se cumplieron las metas propuestas, adjuntando solo los documentos que le entregó la propia empresa contratista.
En el informe resultante de la acción de control realizada se estableció la existencia de presunta responsabilidad civil por parte de los funcionarios involucrados, debido a que incumplieron obligaciones contractuales y funcionales para la supervisión, actuaciones que han ocasionado daño económico a la entidad regional al haberse entregado recursos públicos a terceros sin recibir las prestaciones pactadas en el contrato.
La Procuraduría Pública ha iniciado las acciones legales contra los presuntos responsables de este hecho irregular. El caso se encuentra actualmente en el 23 Juzgado Civil de Lima.
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