El 70% de los insumos químicos que utiliza el narcotráfico para la producción de la droga proviene de la industria legal, advirtió el experto en temas de narcotráfico Rubén Vargas.
"El 70% de insumos químicos proviene de industria legal, de los importadores legales. Se desaduana y termina en las plantas, hay un desvío y un porcentaje termina en las pozas de maceración", expresó en RPP Noticias.
Indicó que el moderno marco legal para el control de la comercialización formal de los insumos químicos fue aprobado en el 2004, pero nunca se ‘operativizó’.
"Se supone que era un marco legal moderno para frenar el desvío, pero nunca se operativizó. Nunca hubo voluntad política de poner en práctica el marco legal, no es solo burocrático. Eso es corrupción, narcocorrupción pura", sostuvo.
Comentó que, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que es utilizado en grandes proporciones por las empresas mineras, se filtra a las pozas de maceración.
"Las empresas formales no se han interesado en poner los controles suficientes. Hay una cuota de corrupción y dejadez, porque el kilo de ácido sulfúrico en zonas cocaleras cuesta entre 40 a 50 dólares y hace corrupción en todos lados", aseveró.
Añadió que antes el porcentaje de los insumos químicos provenientes de la vía legal era mayor del 70%, pero esto ha "descendido" debido a que se está trasladando a zonas de frontera , donde no hay control de la Sunat, de la Policía o de otra institución pública. "Transitan libremente. Pasa en la frontera con Bolivia y Brasil", anotó.
En esa línea, afirmó que la aprobación del decreto legislativo para supervisar las rutas de insumos químicos puede funcionar si se aplica correctamente.
Dijo que el Gobierno debe comprometerse en una estrategia nacional contra el desvío de insumos químicos, "donde las instituciones involucradas tengan papales concretos, objetivos precisos y presupuesto público ad hoc para esta actividad".
Vargas resaltó que esta medida del Gobierno pondrá la "valla más alta" al narcotráfico. No obstante, advirtió que se debe poner énfasis en las zonas de frontera.
En ese sentido, refirió que se deben establecer responsabilidades claras de la Policía, del Ministerio Público, pero también de la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra, para la supervisión de las rutas fluviales.
