¿El Gobierno puede retroceder en el aumento de sueldos a funcionarios?

A propósito del anuncio del congresista de Acción Popular-Frente Amplio Yohny Lescano, quien adelantó que presentará un proyecto de ley para derogar el Decreto Supremo 023-2014 EF, que aumentó los sueldos a ministros, viceministros y otros funcionarios, ¿el Gobierno puede dar marcha atrás en esta medida, que para muchos es impopular?

El legislador Carlos Tubino, presidente de la Comisión de Trabajo, opinó que sí es posible la anulación del referido decreto emitido por el Poder Ejecutivo.

"Sí se puede, porque toda ley superior puede derogar una ley inferior, y una ley es superior a un decreto supremo", sostuvo en RPP Noticias.

Tubino explicó, no obstante, que el tema debe ser visto primero al interior de una comisión parlamentaria y luego pasar para su debate en el Pleno del Congreso.

Cuestionó que pese a que la población clama por transparencia en el Estado, la controvertida disposición salió "entre gallos y medianoche".

En tal sentido, dijo esperar que este miércoles la presentación del jefe del Gabinete, César Villanueva, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y el titular de Justicia, Daniel Figallo, para exponer la política salarial del Estado, sirva para que se dé un "debate con altura" pues, dijo, se trata de un tema de alcance técnico y social.

Por su parte, el legislador Josué Gutiérrez, expresidente de la Comisión de Presupuesto, aclaró que no se trata solo de un decreto supremo sino que la implementación de los aumentos salariales se da en el marco de la Ley del Servicio Civil (Ley Servir).

En esa línea, consideró un "equívoco" afirmar que se puede derogar la disposición del Ejecutivo que, recordó, es el que iba a implementar la Ley Servir, para lo cual están proyectados 2.500 millones de nuevos soles.

El legislador oficialista dijo que si bien podría "derogarse en parte", la norma asegura en un futuro el tema del manejo de personal en el Estado no sea un tema politizado.

"La implementación de la norma implica una cobertura muy pequeña que no supera más de 130 funcionarios", argumentó Gutiérrez, al señalar que esto implicará mayores exigencias y una "valoración de puestos", que a su vez conllevará a un tema austeridad como parte fundamental en el sector público.