La inseguridad ciudadana y la tentación de Bukele, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Es natural que se multipliquen las iniciativas desacertadas ante el aumento de la criminalidad y la falta de un plan que dé coherencia a la lucha por la seguridad ciudadana. Los historiadores griegos de la antigüedad ya sabían que un pueblo puede renunciar a la libertad cuando siente que su seguridad no está garantizada. 

Lo que explica la difícil marcha hacia la democracia, siempre amenazada por los éxitos iniciales de las dictaduras. Eso explica también el apoyo que recibió el golpe de Estado de 1992, aunque la derrota del terrorismo senderista se consiguiera sobre todo por la acción de un grupo de Inteligencia de la Policía, que actuó sin disparar un solo tiro ni violar los derechos de nadie. 

La desastrosa gestión del ministerio del Interior bajo el gobierno de Pedro Castillo ha dejado huellas en la moral y la operatividad de la Policía Nacional. Es cierto también que no teníamos experiencia en la gestión de un flujo masivo de inmigrantes, así como tampoco en el control efectivo de nuestras fronteras. En ausencia de políticas eficaces, algunas autoridades se han dejado seducir por las cifras que exhibe el presidente salvadoreño Nayib Bukele. La ecuación parece simple si uno relaciona la caída de la tasa de homicidios, con el número de detenidos y el alza de popularidad del gobierno. 

Bukele comenzó su carrera en la fuerza política nacida de la guerrilla guevarista, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Las bandas criminales o maras, neologismo surgido de marabunta, son consecuencia del retorno masivo de salvadoreños que habían pasado por verdaderas escuelas del crimen en cárceles de California, en las que adoptaron tatuajes y ritos de iniciación de inspiración coreana. 

El desprecio de Bukele por la institucionalidad, su avasallamiento de la Corte Constitucional y su voluntad de volver a postular ilegalmente no son ejemplos que nos deban inspirar. Lo que nos hace falta no es importar un plan surgido en otra realidad, es asegurar la coordinación entre las instituciones y combatir la corrupción que perturba la acción de todas las entidades del Estado.

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