Expresó el interés del Gobierno de reiniciar en el corto plazo las operaciones del complejo metalúrgico tras la presentación de un plan de reestructuración por parte de Doe Run Perú.
El Gobierno decidió apoyar la reestructuración de la empresa Doe Run Perú para que vuelva a operar el complejo metalúrgico de La Oroya, y descartó su disolución, con la finalidad de respetar los derechos laborales de cientos de trabajadores, pero sin dejar de lado el tema ambiental, anunció el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur.
“Hemos propiciado una solución inclusiva que beneficie a todos. La junta de acreedores de Indecopi va a evaluar el plan de reestructuración que presente la empresa y ésta debe garantizar su cumplimiento. No solo (garantizar) a los acreedores que tienen que recuperar confianza para el suministro de concentrados, sino también el cumplimiento estricto de las normas ambientales”, señaló a RPP Noticias.
Mencionó que hay un plazo de 60 días para que dicho plan sea aprobado y reiteró el interés del Ejecutivo de reiniciar pronto las operaciones del complejo metalúrgico, el cual lleva tres años de paralizada. “En el corto plazo esperamos reabrir La Oroya que es fundamental para el desarrollo del país”, enfatizó.
El ministro anunció también que en las próximas horas podría conocerse el nombre de los peritos que analizarán el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Conga, ubicado en Cajamarca.
"Esto es un tema que le corresponde a la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), pero es un proceso transversal. Hemos sido minuciosos en hacer una correcta elección, los peritos ya están seleccionados y estamos solo en los procesos finales, yo creo que hoy se podrían dar a conocer los nombres", declaró.
Con respecto a la decisión del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, de impugnar los acuerdos sobre la contratación de peritos, el funcionario señaló: “Santos puede hacer lo que le parezca, “pero de allí que tenga validez o razón es otra cosa”.
Merino Tafur reiteró, además, que el incremento de los conflictos sociales evidencia la necesidad de replantear el modelo de minería para fortalecer las relaciones entre las empresas del sector y las comunidades involucradas.
Comparte esta noticia