El Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso este jueves la ampliación de la investigación contra los implicados en el caso “Narcoindultos” por un periodo de siete meses más a fin de que el Ministerio Público realice un conjunto de diligencias que aún están pendientes para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.
En audiencia pública, el juez Manuel Loyola Florián, escuchó los fundamentos del fiscal Walter Delgado Tovar, quien había requerido la ampliación del plazo de la investigación por ocho meses, así como los alegatos de los abogados de los investigados.
En la parte final de la audiencia, el juez Loyola Florián declaró fundada en parte el requerimiento de la Fiscalía y consideró que una prórroga por un plazo de siete meses es “pertinente y adecuada” para completar los actos de investigación faltantes.
Este nuevo plazo se contabilizará desde el 23 de febrero cuando concluye el plazo de los primeros ocho meses de investigación.
En su exposición, el fiscal Delgado Tovar refirió que a pesar del ritmo que trabaja su despacho, realizando dos y hasta tres interrogatorios diarios, aún faltan recabar las declaraciones de imputados y testimoniales, pericias, y documentación de entidades públicas y privadas.
DECLARACIONES EN EL EXTRANJERO
Asimismo, informó que aún faltan realizar diligencias en el extranjero, como las declaraciones de dos investigados, Roberto Butrón Dos Santos, quien se encuentra en Brasil, y de Bernardina Niquen Giraldo, quien está en Argentina. Además, la inclusión de dos nuevos imputados, a quienes recién se les inició la investigación preparatoria el 3 de febrero pasado.
Añadió también que su despacho está a la espera de la respuesta a la solicitud de asistencia judicial de Estados Unidos a fin de obtener información acerca de una cuenta de correo electrónico de Hotmail del investigado Miguel Facundo Chinguel, a la que considera relevante para esclarecer este caso.
Por su parte, los abogados de los investigados, entre ellos el defensor del principal imputado, el ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel, doctor Edward Alvarez Irala, expresaron su acuerdo con la ampliación del plazo de investigación aunque por un periodo de sólo cuatro o cinco meses más, posición que finalmente no fue acogida por el juez.
La Fiscalía imputa a los investigados los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y otros; haber conformado una organización criminal en el interior de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia entre los años 2008 y 2010, y haber cobrado coimas de 10,000 dólares por cada año de pena conmutada, según refirió en la audiencia el fiscal Walter Delgado.
ANDINA
