El Poder Ejecutivo propuso sancionar hasta con diez años de pena privativa de la libertad a los titulares de concesiones mineras que favorezcan las actividades de los mineros ilegales.
La propuesta fue planteada a través de un proyecto de ley remitido con carácter de urgencia al Congreso de la República.
Dicha iniciativa legislativa propone modificar el artículo 307 B del Código Penal, el cual tipifica el delito de minería ilegal.
La modificación consiste en sancionar con no menos de ocho años de pena privativa de la libertad, ni más de diez, a la persona que favorezca, promueva, facilite o autorice el delito de minería ilegal en una concesión minera de la cual tiene la calidad de titular.
El Ejecutivo decidió formular esta propuesta motivado por el descubrimiento de nuevos mecanismos empleados por la minería ilegal para burlar el control ejercido por el Estado para combatirla.
Uno de esos mecanismos usados por los mineros ilegales es establecer “´pactos” o “acuerdos” con los titulares de las concesiones mineras u otras en las que ejercen sus actos ilícitos para que lee permitan realizar sus actividades contrarias a la ley.
“(…) existen titulares de concesiones mineras (…) que promueven y facilitan la acción de los mineros ilegales, autorizándoles la instalación de campamentos, la exploración y/o explotación dentro de las áreas que les han sido concesionadas por el Estado a cambio de una parte del material sustraído u alguna otra ventaja económica. En estos casos, si bien los titulares de concesiones mineras son quienes ejercen la minería ilegal, contribuyen con ella promoviéndola o facilitándola”, indica el proyecto.
El proyecto, que lleva las rúbricas del presidente de la República, Ollanta Humala; y de la jefa del Gabinete, Ana Jara, fue presentado el último 9 de octubre.
ANDINA
