Relator de ONU para pueblos indígenas llega al país para investigación

El relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, James Anaya, llegará mañana al país para emprender una investigación sobre los violentos enfrentamientos sucedidos en Bagua el pasado 5 de junio, que se saldaron con al menos 34 muertos, 24 de ellos policías.

Según dijo a Efe el canciller José Antonio García Belaúnde, entre las actividades del relator se incluirá una visita a Bagua, epicentro de las protestas en la Amazonía.

La oficina de la ONU en Lima confirmó el viaje pero no ha entregado el programa de Anaya, que el pasado día 10 ya pidió desde Ginebra (Suiza) que el Gobierno peruano emprendiera un diálogo con los pueblos indígenas, y entonces expresó su deseo de viajar a Perú.

Los movimientos indígenas que lideraron las protestas de Bagua aseguraron en un principio que había decenas de muertos y de desaparecidos civiles, al tiempo que denunciaron diversos atropellos a los detenidos.

El Gobierno lanzó una campaña informativa responsabilizando de toda la violencia a los indígenas e insistiendo en las circunstancias particularmente salvajes en las que habían sido asesinados algunos de los policías (varios de ellos degollados), mientras que insiste en que los muertos civiles no son más de 10.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado al Gobierno por la escasa información suministrada para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, los grupos indígenas insisten en la derogatoria definitiva de una serie de decretos conocidos como las "leyes de la selva" y que consideran dañinos a sus intereses.

Dos de estos decretos, el 1090 y el 1064, fueron suspendidos indefinidamente la semana pasada por el Congreso, mientras se estudian las modificaciones a la nueva legislación, y para evitar un vacío legal se repuso la anterior Ley forestal.

Según el Gobierno, el primero de ellos busca regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, mientras que el segundo promueve la inversión privada en el sector agrario.

El decreto 1064 establece, además, que las tierras de uso agrario quedan sujetas a la servidumbre del paso de oleoductos, gasoductos e instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera

Cabe resaltar que el jefe del Gabinete, Yehude Simon, dijo que mañana pedirá al Congreso la derogatoria de esos dos decretos.

-EFE