"El Congreso ha tomado una decisión que es la que la gran mayoría de peruanos estábamos esperando", afirmó Gerardo Távara, secretario general de Transparencia.
La Asociación Civil Transparencia saludó el anuncio del Congreso de anular la elección para al Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo y dijo que en el nuevo proceso se debe tomar en cuenta el compromiso de los candidatos con la democracia y la independencia política.
“El Congreso ha tomado una decisión que es la que la gran mayoría de peruanos estábamos esperando; es una corrección saludable porque fue una elección altamente cuestionada y no quedaba otro camino que convocar a un pleno para dejar sin efecto las designaciones anteriores”, afirmó Gerardo Távara, secretario general de esta organización.
Luego de la reunión de la Junta de Portavoces, el presidente del Congreso, Víctor Isla, anunció que este miércoles se realizará una sesión plenaria extraordinaria para dejar sin efecto la designación de los citados funcionarios en virtud al enorme rechazo de la ciudadanía.
Távara manifestó que en el nuevo proceso de selección se debe considerar como requisitos indispensables la trayectoria democrática, la idoneidad profesional y la independencia política de los nominados.
Anotó que una vez iniciada la legislatura se tendrá que nombrar una nueva comisión encargada del proceso y estimó que en 60 días se podría tener un resultado concreto.
En torno a las diferentes alternativas planteadas para realizar una nueva designación, consideró necesario abrir esta elección a la sociedad civil y dejar que universidades, colegios profesionales, e instituciones académicas presenten sus propuestas.
Respecto a las condiciones en que deberá realizarse este proceso, Távara juzgó pertinente que el Congreso permita la presentación de tachas contra los candidatos, antes de seleccionar a los nominados para la elección en el Pleno.
Asimismo, consideró inoportuno, por el momento, discutir sobre un nuevo mecanismo de elección para los magistrados del Tribunal Constitucional, pues la prioridad actual es designar a los funcionarios pendientes de manera prioritaria.
“Lo prioritario ahora es nombrar cuanto antes a estos funcionarios; después de esa elección podremos discutir un nuevo mecanismo; antes no, porque sería abrir un debate que podría postergar al infinito esta tarea”, señaló.
Andina
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