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por Redacción RPP
·La Corte Suprema de Justicia condenó a la suspendida congresista y dispone de diez días de plazo para pagar multa, de lo contrario será privada de su libertad.
La Corte Suprema condenó a la suspendida congresista Elsa Canchaya a no regresar a su escaño en el Congreso de la República hasta el 7 de junio del 2010, por contratar ilegalmente a su empleada del hogar Jacqueline Simón en su despacho parlamentario.
El vocal supremo instructor Sócrates Zevallos la halló responsable de designar a Simón Vicente pese a que no cumplía con los requisitos para desempeñar el cargo de asesora parlamentaria.
La inhabilitación para ocupar cualquier cargo público rige desde el 6 de junio del 2007, fecha en la cual fue separada del Parlamento, hasta el 7 de junio del 2010.
El delito incurrido por la congresista es de nombramiento ilegal para cargo público, debido a que Simón no contaba con grado universitario, estudios técnicos ni experiencia profesional.
El vocal supremo condenó además la suspendida parlamentaria de Unidad Nacional (UN) a 120 días multa, que corresponde al 30 por ciento de sus ingresos diarios.
Asimismo, la Corte Suprema fijó en 30 mil soles por concepto de reparación civil, la que deberá ser abonada al Tesoro Público por la sentenciada, "con sus bienes públicos o con el tercio de su haber de ser el caso".
El vocal supremo instructor Sócrates Zevallos la halló responsable de designar a Simón Vicente pese a que no cumplía con los requisitos para desempeñar el cargo de asesora parlamentaria.
La inhabilitación para ocupar cualquier cargo público rige desde el 6 de junio del 2007, fecha en la cual fue separada del Parlamento, hasta el 7 de junio del 2010.
El delito incurrido por la congresista es de nombramiento ilegal para cargo público, debido a que Simón no contaba con grado universitario, estudios técnicos ni experiencia profesional.
El vocal supremo condenó además la suspendida parlamentaria de Unidad Nacional (UN) a 120 días multa, que corresponde al 30 por ciento de sus ingresos diarios.
Asimismo, la Corte Suprema fijó en 30 mil soles por concepto de reparación civil, la que deberá ser abonada al Tesoro Público por la sentenciada, "con sus bienes públicos o con el tercio de su haber de ser el caso".
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